Introducción: cuando la solución jurídica no agota el problema

En Derecho de familia, una solución puede ser jurídicamente correcta y, sin embargo, resultar poco coherente con el sistema familiar que pretende organizar.

La afirmación puede parecer extraña desde una perspectiva estrictamente jurídica. El abogado trabaja con normas, jurisprudencia, prueba y pretensiones concretas. Cuando un cliente consulta sobre una posible separación o divorcio, nuestra función consiste en explicarle cuáles son sus derechos, qué consecuencias pueden derivarse de la ruptura, qué medidas pueden solicitarse respecto de los hijos, la vivienda o el patrimonio y, llegado el caso, cuál puede ser la estrategia procesal más adecuada.

Pero quien ejerce habitualmente en Derecho de familia sabe que la realidad que llega al despacho es bastante menos ordenada.

Los clientes no comparecen normalmente con un problema jurídico perfectamente delimitado. Llegan con una historia. Hablan de conversaciones, silencios, mensajes, discusiones, terceras personas, dinero, hijos, horarios, reproches, expectativas frustradas y episodios cuyo significado puede ser muy distinto para cada integrante de la pareja.

Algunas veces la decisión está completamente tomada y el asesoramiento jurídico puede comenzar sobre una base bastante definida. Otras, sin embargo, el abogado recibe un sistema familiar todavía en transición y debe trabajar dentro de un escenario en el que conviven hechos, emociones, interpretaciones y decisiones que todavía no están plenamente consolidadas.

Es en esas zonas grises donde la teoría de sistemas puede ofrecer una herramienta complementaria de análisis.

No se pretende sustituir el razonamiento jurídico por categorías sociológicas o psicológicas. Tampoco convertir al abogado en terapeuta, mediador emocional o intérprete de las intenciones profundas de las partes. Mucho menos decidir desde fuera si una relación debe continuar o terminar.

La utilidad es más modesta y, precisamente por ello, puede resultar más práctica: observar el conflicto como un sistema en transformación, identificar sus actores, dependencias e interacciones, distinguir los hechos de las interpretaciones y preguntarse qué consecuencias puede producir en el conjunto una determinada intervención profesional.

1. La familia como sistema en transformación

Una pareja no constituye únicamente una relación afectiva. Con el tiempo genera una arquitectura de relaciones personales, económicas, patrimoniales y familiares: vivienda, ingresos, gastos, rutinas, distribución de cuidados, relaciones con los hijos, apoyos familiares, responsabilidades profesionales y expectativas de futuro.

Cuando aparece una crisis, todos esos elementos no desaparecen simultáneamente.

Puede terminar el vínculo afectivo mientras continúa la convivencia. Puede haberse decidido el divorcio mientras se mantienen cuentas, propiedades y responsabilidades comunes. Puede extinguirse el matrimonio y continuar durante muchos años un sistema parental que obliga a los antiguos cónyuges a comunicarse y adoptar determinadas decisiones respecto de sus hijos.

Desde una perspectiva sistémica, por tanto, la ruptura no debe entenderse únicamente como un acontecimiento puntual. Es también un proceso de transición entre distintas configuraciones del sistema.

Esta forma de observar el problema permite formular una pregunta especialmente útil cuando la situación todavía no está definida:

¿En qué estado se encuentra actualmente el sistema y qué variables conservan todavía capacidad para modificarlo?

Una relación puede encontrarse en una crisis grave y ser todavía reversible. Otra puede mantener una convivencia aparentemente normal cuando uno de sus integrantes ha tomado desde hace tiempo una decisión irreversible. También existen situaciones híbridas en las que una persona manifiesta que quiere divorciarse, inicia determinadas actuaciones para hacerlo y, sin embargo, continúa realizando operaciones propias del sistema anterior.

El abogado difícilmente puede conocer con certeza qué ocurrirá. Pero sí puede intentar no confundir demasiado pronto una declaración, una reacción emocional o una posibilidad seria con un estado definitivamente consolidado.

Desde el enfoque sistémico que aquí se propone, el interés no reside necesariamente en reconstruir todas las causas internas de una conducta, sino en identificar el estado observable del sistema, sus trayectorias posibles, las variables que conservan capacidad de modificarlo y las consecuencias previsibles de introducir una intervención.

2. Protección jurídica y certidumbre no son lo mismo

Aplicado al Derecho de familia, este planteamiento permite distinguir dos preguntas que en la práctica pueden confundirse:

¿Frente a qué escenario debemos proteger jurídicamente al cliente?

y

¿En qué estado sabemos realmente que se encuentra la relación?

No son necesariamente la misma pregunta.

Una persona puede acudir al despacho después de que su pareja le haya comunicado la noche anterior que quiere divorciarse. Puede haber existido una discusión importante, una cuestión económica, la aparición de una tercera persona o cualquier otro detonante. El cliente no sabe si la decisión es definitiva, pero necesita saber qué hacer.

Desde la perspectiva jurídica pueden aparecer inmediatamente riesgos que aconsejen determinadas medidas: conocer la situación patrimonial, proteger documentación, evitar determinadas actuaciones, valorar la convivencia, separar la actividad profesional del conflicto o simplemente disponer de asesoramiento independiente.

Todo ello puede ser correcto sin que exista todavía información suficiente para afirmar que la ruptura está definitivamente consolidada.

Podríamos encontrarnos simultáneamente ante dos valoraciones:

Estado de protección: el divorcio constituye una posibilidad suficientemente seria como para que resulte prudente prepararse jurídicamente.

Estado epistemológico: todavía no sabemos con suficiente certeza si la ruptura constituye el estado definitivo del sistema.

Esta distinción importa porque las medidas adoptadas frente a un posible estado futuro no se producen fuera del sistema. Una vez introducidas, pasan a formar parte de él.

Separar domicilios, trasladar todas las comunicaciones a abogados, reorganizar cuentas, proteger una empresa, preparar una demanda o comenzar a estructurar vidas independientes pueden ser actuaciones razonables por separado. Acumuladas y mantenidas en el tiempo, también pueden modificar el sistema relacional sobre el que inicialmente se estaba intentando obtener información.

El protocolo diseñado para gestionar una ruptura puede contribuir a convertir esa ruptura en el estado operativo normal de la relación.

No significa que el abogado provoque un divorcio. Tampoco que una persona deba asumir riesgos jurídicos para preservar una hipotética reconciliación. Significa que la intervención profesional tiene efectos y que, cuando el estado del sistema todavía es incierto, resulta útil distinguir la función protectora de una medida de la conclusión sobre el estado real de la relación.

3. Cuándo ponerse el «mono de divorciado»

Hace años, una experimentada abogada matrimonialista resumió su consejo a un cliente con una expresión especialmente gráfica: «póngase el mono de divorciado».

La frase condensaba una recomendación perfectamente comprensible. Si el matrimonio ha terminado, conviene asumir funcionalmente la nueva situación. Continuar con la vida ordinaria en la medida de lo posible, proteger el trabajo, evitar que el conflicto invada todas las áreas de la existencia y permitir que los profesionales gestionen las cuestiones jurídicas puede ser una excelente forma de atravesar un proceso de divorcio.

La dificultad aparece un instante antes:

¿Cuándo sabemos que ha llegado el momento de ponerse ese mono?

No es necesariamente lo mismo pensar seriamente en divorciarse, decirlo durante una crisis, consultar sus consecuencias, pedir a un abogado que prepare alternativas, adoptar actuaciones materiales de separación o mantener de forma persistente una decisión de ruptura después de conocer sus efectos.

El abogado tampoco tiene por qué averiguar si el cliente todavía ama a su pareja ni valorar si el matrimonio merece una nueva oportunidad.

Pero sí puede resultar profesionalmente útil distinguir entre quien solicita asesoramiento para ejecutar una decisión y quien todavía está intentando comprender qué decisión desea adoptar.

En este segundo supuesto, convertir inmediatamente toda la interacción en un protocolo de divorcio puede introducir una certidumbre que el propio sistema todavía no había producido.

El protocolo más seguro para gestionar una posible ruptura puede ser también el protocolo que más rápidamente estabilice el estado de ruptura.

Desde la gestión de riesgos, actuar pronto puede ser completamente racional. El problema consiste en transformar esa racionalidad prudencial en una conclusión epistemológica: «como debo protegerme frente al divorcio, el divorcio ya es inevitable».

La teoría de sistemas permite mantener ambas proposiciones separadas.

Puede ser necesario actuar jurídicamente como si determinado escenario fuese posible sin afirmar todavía que ese escenario constituye el único estado viable del sistema.

La incertidumbre, además, tiene un coste propio. Para una persona puede resultar más difícil permanecer durante semanas sin saber si la relación continúa, si debe esperar, hablar, protegerse o iniciar una nueva vida que aceptar un escenario doloroso pero definido.

El divorcio proporciona paradójicamente una arquitectura comprensible: abogado, vivienda, hijos, patrimonio, negociación, convenio, procedimiento y reorganización posterior.

El sistema vuelve a disponer de una dirección.

Por ello, «ponerse el mono de divorciado» puede funcionar también como sustitución de incertidumbre por certidumbre.

La secuencia puede representarse así:

INCERTIDUMBRE → SELECCIÓN DE UN ESCENARIO OPERATIVO → ACTUACIONES CONGRUENTES → MODIFICACIÓN DEL SISTEMA → CONSOLIDACIÓN PROGRESIVA DEL ESCENARIO.

De ahí puede extraerse una regla prudencial:

Cuando el estado del sistema sea incierto, conviene proteger al cliente frente a los riesgos relevantes sin cerrar innecesariamente alternativas que todavía puedan conservar viabilidad.

Esta regla de prudencia opera, naturalmente, fuera de aquellos supuestos en los que la protección de la persona, de los menores o del patrimonio exige una actuación inmediata. La incertidumbre sobre el estado relacional no debe confundirse con incertidumbre sobre la necesidad de adoptar una medida jurídica de protección.

Si existe un riesgo serio, la protección debe prevalecer. Si la decisión está consolidada, no tiene sentido mantener artificialmente una ambigüedad. Pero en las auténticas zonas grises puede resultar útil diferenciar las medidas reversibles y provisionales de aquellas que comienzan a organizar todo el sistema como si la transición se hubiera completado.

4. Las emociones no son pruebas

Una de las principales dificultades del Derecho de familia es que el abogado recibe la información precisamente de una de las personas que se encuentra dentro del conflicto.

El cliente no relata los acontecimientos como un observador externo. Los ha vivido, les atribuye un significado y ha experimentado determinadas emociones como consecuencia de ellos.

Una persona puede decir:

«Me escribió doce veces aquella tarde.»

Puede añadir:

«Me sentí completamente acosada.»

Y concluir:

«Mi expareja me está acosando.»

Las tres afirmaciones forman parte de una misma narración, pero profesionalmente deben separarse.

La primera describe un hecho susceptible de comprobación.

La segunda describe una experiencia subjetiva que puede ser perfectamente relevante.

La tercera incorpora ya una interpretación de la conducta ajena y puede conducir posteriormente a una determinada calificación jurídica.

La emoción es información relevante sobre quien la experimenta, pero no constituye por sí sola prueba de la interpretación causal o jurídica que esa persona atribuye a la conducta de otro.

«Me controla», «me acosa», «me amenaza», «me impide ver a mis hijos», «los está poniendo en mi contra» o «quiere quitarme a los niños» pueden describir situaciones jurídicamente relevantes. Pero también pueden constituir interpretaciones de acontecimientos que necesitan ser individualizados antes de extraer una conclusión.

La función del abogado no consiste en invalidar la experiencia del cliente. Consiste en separar aquello que siente de aquello que puede acreditarse y, posteriormente, determinar qué trascendencia jurídica posee.

5. Del relato al dato y del dato a la hipótesis

Esta separación puede resultar incómoda durante una consulta.

Una persona lleva cuarenta minutos explicando algo que vive como profundamente injusto y el abogado empieza a preguntar:

¿Cuántos mensajes fueron exactamente?

¿Qué decían?

¿Contestó usted?

¿Qué había ocurrido inmediatamente antes?

¿Existía alguna cuestión relativa a los hijos que tuviera que resolverse?

¿Tenemos la conversación completa?

Desde la perspectiva profesional, son preguntas elementales. Desde la emocional pueden interpretarse como falta de empatía, incredulidad o incluso defensa de la otra parte.

Quien trabaja en esta materia conoce una reacción característica:

«¿Pero usted de parte de quién está?»

Precisamente porque el abogado defiende al cliente necesita distinguir el relato que éste construye sobre el conflicto de los hechos capaces de sostener una estrategia jurídica.

Puede ser útil distinguir seis niveles:

• hechos documentados;
• hechos relatados todavía no contrastados;
• estado emocional;
• interpretación del cliente;
• inferencia profesional;
• calificación jurídica.

Existe además un segundo riesgo: el propio abogado puede acabar incorporando como propia la estructura explicativa del cliente.

Al principio pensamos:

«Mi cliente afirma que su expareja utiliza a los hijos para mantener el conflicto.»

Meses después podemos terminar pensando:

«Su expareja utiliza a los hijos para mantener el conflicto.»

Ha desaparecido una expresión pequeña pero decisiva: «mi cliente afirma que».

Precisamente por ello conviene introducir mecanismos deliberados de contraste.

Una buena estrategia jurídica necesita una hipótesis de trabajo. Una estrategia robusta necesita además conocer cuál es la mejor objeción contra esa hipótesis.

No se trata de otorgar el mismo peso a cualquier explicación alternativa. Se trata de evitar que la primera explicación plausible se convierta automáticamente en la única.

6. Mensajes, patrones e inteligencia artificial

La mensajería instantánea ha modificado considerablemente la información que llega al despacho.

Hoy el abogado puede recibir cientos o miles de mensajes de WhatsApp, correos, notas de voz, fotografías y capturas producidas durante meses o años.

Esa información puede ser extraordinariamente útil. También puede convertirse en un problema de escala.

Leer veinte capturas seleccionadas por una parte no equivale necesariamente a comprender una dinámica de comunicación. Un mensaje agresivo puede adquirir un sentido distinto cuando se examina lo anterior y lo posterior. Y una comunicación aparentemente inocua puede resultar más significativa cuando se observa que se repite dentro de la misma secuencia.

Puede interesar conocer quién inicia habitualmente las conversaciones, qué temas producen escalada, si determinadas expresiones son aisladas o recurrentes, si existen ciclos de aproximación y retirada, si las amenazas de ruptura son excepcionales o repetidas y qué acontecimientos parecen modificar de forma estable el patrón anterior.

Realizar manualmente este análisis sobre cientos de comunicaciones puede ser desproporcionado.

Es aquí donde la inteligencia artificial puede ofrecer una utilidad especialmente interesante como herramienta de síntesis, clasificación y detección de patrones.

Naturalmente, el tratamiento de este material mediante herramientas de inteligencia artificial exige un marco previo adecuado de confidencialidad, secreto profesional, protección de datos, minimización de la información y control humano. La utilidad técnica de una herramienta no elimina las obligaciones jurídicas asociadas a la información que se introduce en ella.

No para responder:

«¿Esta persona es narcisista?»

o:

«¿Todavía quiere a su pareja?»

Sino para formular preguntas más limitadas:

• ¿qué hechos aparecen documentados?;
• ¿qué patrones se repiten?;
• ¿qué cambios temporales pueden observarse?;
• ¿qué interpretaciones proceden exclusivamente del relato?;
• ¿qué hipótesis alternativas son compatibles con los datos?;
• ¿qué información relevante falta?;
• ¿qué preguntas debería formular el abogado en la siguiente reunión?

El resultado no sería una decisión, sino una segunda lectura estructurada.

La utilidad de una herramienta de contraste no consiste necesariamente en proporcionar al abogado mejores respuestas. Puede consistir en ayudarle a formular mejores preguntas.

7. De lo que el cliente quiere a lo que razonablemente puede defenderse

En algún momento de la consulta, el relato se transforma en una pretensión concreta:

«Quiero la custodia exclusiva.»

«Quiero una custodia compartida.»

«Quiero quedarme en la vivienda.»

«No quiero que los niños duerman con su padre.»

La voluntad del cliente es esencial para definir el encargo. Pero entre aquello que desea obtener y aquello que resulta razonable defender existe un espacio propio del análisis profesional.

El abogado examinará primero si la pretensión es jurídicamente posible, la prueba disponible y los criterios aplicables.

La perspectiva sistémica añade una pregunta:

¿La solución que pretendemos defender es coherente con el sistema familiar que describen nuestros propios datos?

Una respuesta dudosa no obliga a abandonar la pretensión.

Puede significar que falta información, que necesitamos determinada prueba o que debemos explicar al cliente que sus expectativas son demasiado elevadas.

Esto también es asesoramiento.

Una estrategia profesional no consiste únicamente en formular la pretensión máxima jurídicamente imaginable. Consiste también en explicar sus dificultades, sus alternativas y el momento en que puede resultar razonable negociar.

8. Custodia: de la etiqueta jurídica a la arquitectura real

La guarda de los hijos ofrece un ejemplo especialmente claro.

La denominación jurídica de un régimen no describe necesariamente cómo funcionará en la práctica.

Antes de discutir la etiqueta puede resultar útil reconstruir su arquitectura operativa.

La pregunta deja de ser:

«¿Qué custodia quiere?»

y pasa a ser:

«Si obtiene exactamente la custodia que solicita, ¿cómo funcionará realmente un martes cualquiera?»

¿Quién lleva a los menores al colegio?

¿Quién los recoge?

¿Qué horarios laborales tiene cada progenitor?

¿Quién atiende una enfermedad?

¿Qué distancia existe entre domicilios?

¿Qué funciones desempeñan abuelos u otros familiares?

¿Existe ayuda doméstica contratada?

¿Cómo se distribuían los cuidados antes de la ruptura?

Estas preguntas no determinan jurídicamente el régimen de guarda. Permiten conocer algo anterior: qué sistema de cuidados estamos proponiendo realmente.

Imaginemos que una madre solicita que los menores permanezcan principalmente bajo su guarda y explica que sus horarios no representan una dificultad porque contratará una persona que los llevará y recogerá del colegio.

La organización puede ser perfectamente viable.

Pero si el otro progenitor presenta igualmente condiciones adecuadas para el cuidado, dispone de tiempo en esos períodos y pretende asumir personalmente parte de esas funciones, aparece una cuestión diferente:

La existencia de una solución externa demuestra que el sistema puede funcionar, pero ¿explica por sí sola por qué resulta preferible concentrar la guarda en un progenitor cuando el otro también dispone de capacidad y disponibilidad?

Puede haber otras circunstancias que lo justifiquen. Si existen, deben identificarse.

El mismo razonamiento debe aplicarse en sentido inverso al progenitor que reclama una custodia compartida cuya arquitectura real depende durante gran parte de sus períodos de terceros mientras el otro progenitor está disponible.

El apoyo de abuelos o empleados no es negativo. La cuestión es otra:

La arquitectura real debe ser congruente con las razones mediante las que pretendemos justificar la arquitectura jurídica.

9. Un test de coherencia sistémica

Puede formularse un sencillo mecanismo de contraste:

1. Arquitectura nominal.
¿Qué régimen solicita el cliente?

2. Arquitectura operativa.
¿Cómo funcionará realmente durante una semana ordinaria?

3. Arquitectura de recursos.
¿Qué funciones realizará personalmente cada progenitor y cuáles serán asumidas por terceros?

4. Arquitectura histórica.
¿Cómo se distribuían realmente los cuidados antes de la ruptura?

5. Viabilidad.
¿Son compatibles horarios, domicilios, distancias y responsabilidades con la solución propuesta?

6. Coherencia argumental.
¿Las razones utilizadas para defenderla coinciden con su funcionamiento previsible?

7. Alternativa.
¿Qué ocurre al someter la propuesta del otro progenitor al mismo análisis?

8. Información ausente.
¿Qué hechos podrían modificar sustancialmente la valoración?

El test no constituye un criterio autónomo de atribución de la guarda ni desplaza el interés superior del menor o los restantes criterios jurídicos aplicables. Su función es más limitada: comprobar si existe correspondencia razonable entre lo que pedimos, por qué decimos que lo pedimos y cómo funcionará realmente si lo obtenemos.

Ni la maternidad determina por sí sola una solución ni la custodia compartida debe convertirse en un automatismo aritmético.

La perspectiva sistémica obliga a observar primero la familia concreta y después comprobar qué arquitectura jurídica resulta coherente con ella y con los intereses que el Derecho debe proteger.

10. Diseñar para la vida futura, no sólo para la emoción presente

Las preferencias expresadas durante una ruptura pueden estar condicionadas por el estado emocional de ese momento.

Una madre puede considerar insoportable pasar varios días sin sus hijos. Un padre puede interpretar una custodia no compartida como pérdida de su condición parental. Cualquiera puede asociar una determinada distribución de tiempos con una victoria o una derrota.

Esas emociones son comprensibles.

Pero la solución jurídica puede tener que organizar la vida familiar durante muchos años, cuando aquellas emociones hayan desaparecido o cambiado profundamente.

Por ello puede resultar útil preguntar:

«Supongamos que conseguimos exactamente lo que usted está pidiendo. ¿Qué vida quiere tener dentro de tres o cinco años?»

No corresponde al abogado decidir si una persona quiere dedicar casi todo su tiempo a sus hijos, desarrollar intensamente su carrera, viajar, estudiar, iniciar otra relación o disponer periódicamente de tiempo propio.

Pero sí puede comprobar si la arquitectura que pretende construir es compatible con la vida que previsiblemente desea poder desarrollar.

Podemos someter la solución a un test de estado futuro:

• ¿qué ocurre si cambia el trabajo?;
• ¿si cambian los horarios?;
• ¿si desaparece la ayuda de los abuelos?;
• ¿si los hijos llegan a la adolescencia?;
• ¿si disminuyen los ingresos?;
• ¿si aparece una nueva relación estable?;
• ¿qué capacidad tiene el sistema para absorber esos cambios sin generar inmediatamente un nuevo conflicto?

Una arquitectura destinada a durar años no debería optimizarse exclusivamente para el estado emocional existente en el momento de diseñarla.

11. El coste sistémico del litigio

La coherencia entre hechos y pretensión no agota el análisis.

No basta con preguntarse qué podemos conseguir.

También puede ser necesario preguntar qué tendremos que hacer para conseguirlo y qué sistema quedará después.

Cuando existen hijos, la ruptura del sistema conyugal no determina la desaparición del sistema parental.

Los progenitores seguirán teniendo que adoptar decisiones sobre educación, salud, vacaciones, actividades, gastos, viajes y muchas incidencias imposibles de anticipar completamente.

El procedimiento termina.

El sistema parental continúa.

En Derecho de familia, las personas que se enfrentan durante el procedimiento pueden ser las mismas que necesitarán mantener una interfaz funcional cuando éste haya terminado.

Eso no significa que deba evitarse el litigio. Hay controversias que necesitan decisión judicial y situaciones en las que la intervención del tribunal estabiliza precisamente un sistema incapaz de producir una regla por sí mismo.

Pero existe también un coste sistémico.

Tiempo, honorarios, incertidumbre y riesgo procesal conviven con otros elementos: exposición de menores al conflicto, evaluaciones, incremento de hostilidad, aparición de nuevos agravios y deterioro de la capacidad futura de comunicación.

La intervención de equipos psicosociales puede ser completamente necesaria y aportar información esencial. La cuestión aparece cuando la diferencia entre las posiciones es mucho menor que el proceso necesario para resolverla.

El valor de una solución judicial debe compararse también con el coste necesario para producir la información, el conflicto y la intervención institucional que permiten obtenerla.

12. Acuerdo y sentencia: dos formas distintas de producir una regla

Un acuerdo no es necesariamente mejor por el mero hecho de ser acuerdo. Una parte puede aceptarlo por agotamiento, presión económica o una posición negociadora asimétrica.

Una sentencia tampoco constituye necesariamente un fracaso. A veces es la única forma razonable de cerrar una controversia.

Sin embargo, ambas operaciones no son sistémicamente idénticas.

Un acuerdo contiene al menos una primera experiencia de producción conjunta de una regla:

«Discutimos, negociamos y finalmente llegamos a un acuerdo.»

En un procedimiento contencioso la estructura puede ser:

«Yo pedí esto, tú te opusiste, dijiste aquello sobre mí y finalmente el juez decidió.»

Ninguna de las dos narrativas determina necesariamente la calidad de la relación futura.

Pero el procedimiento produce además una historia formalizada del conflicto: demandas, contestaciones, interrogatorios, mensajes, informes, testigos y afirmaciones que pueden permanecer disponibles durante años.

El conflicto adquiere una memoria documental.

Después pueden aparecer expresiones como:

«Dijiste delante del juez que yo…»

«Intentaste demostrar que no era capaz de cuidar a mis hijos.»

«En el juicio dijiste exactamente lo contrario.»

La sentencia puede cerrar perfectamente la controversia jurídica mientras parte del material producido para obtenerla continúa operando en el sistema parental.

Por eso la comparación correcta no es:

ACUERDO = BUENO / SENTENCIA = MALA.

Sino:

¿Qué diferencia material existe entre la solución razonablemente negociable y la que pretendemos obtener judicialmente, y qué coste será necesario asumir para intentar conseguir esta última?

A veces merecerá plenamente la pena.

En otras, el mejor resultado global para el cliente puede no coincidir con la máxima victoria procesal imaginable.

13. El abogado como reductor de escalada

Algunos clientes llegan al despacho esperando que el abogado confirme inmediatamente su interpretación del conflicto y actúe en consecuencia.

A veces se espera incluso que el profesional se convierta en una extensión de la confrontación personal.

El cliente muestra un mensaje desagradable y espera una reacción jurídica inmediata.

Pero no todo comportamiento desagradable tiene trascendencia jurídica.

No toda insistencia constituye acoso.

No toda falta de respuesta constituye abandono.

No toda discusión necesita una comunicación entre abogados.

No todo incumplimiento menor justifica una escalada procesal.

Y no toda provocación necesita ser contestada.

Una parte importante del trabajo profesional puede consistir precisamente en impedir que cada perturbación del sistema familiar se transforme automáticamente en una operación jurídica.

Esto no significa minimizar conductas relevantes. Significa conservar una frontera entre conflicto interpersonal y conflicto jurídico.

La operación podría expresarse así:

INCIDENTE → ANÁLISIS → RELEVANCIA → RESPUESTA PROPORCIONADA.

No:

INCIDENTE → REACCIÓN → ESCALADA.

14. El sistema parental debe seguir funcionando

Después del divorcio no necesitamos necesariamente construir una relación cordial entre los antiguos cónyuges.

Ése no es el objetivo.

Lo que necesitamos, cuando existen hijos, es un nivel mínimo de funcionalidad.

Esto modifica la forma de diseñar algunas soluciones.

Un convenio lleno de cláusulas que remiten constantemente al «previo acuerdo de ambos progenitores» puede funcionar muy bien cuando existe una interfaz cooperativa.

En una relación de alto conflicto, puede convertirse en una máquina de producir nuevas controversias.

Cada decisión exige una negociación.

Cada negociación abre una interfaz.

Cada interfaz ofrece una nueva oportunidad para reproducir el conflicto.

El sistema parental postdivorcio debería poder funcionar razonablemente incluso cuando la relación personal entre los progenitores sea mala.

En determinadas familias será posible mediante cooperación amplia y flexible.

En otras, la solución más estable puede consistir precisamente en reducir la cooperación necesaria a un mínimo funcional.

La pregunta es:

¿Estamos diseñando la arquitectura para la familia que realmente tenemos delante o para la familia que desearíamos que existiera?

15. Reducir interfaces en sistemas de alto conflicto

Hay situaciones en las que una operación aparentemente sencilla genera incidencias una y otra vez.

Un intercambio de menores.

La comunicación de un horario.

La devolución de ropa.

Una actividad extraescolar.

El inicio de unas vacaciones.

Cuando la misma interfaz produce constantemente conflicto, puede ser más útil observarla que seguir analizando cada episodio por separado.

¿Necesitamos realmente que estas dos personas interactúen de esta manera para que el sistema funcione?

Si la respuesta es negativa, reducir la interacción puede ser más eficaz que intentar regular indefinidamente cómo deben comportarse.

Los abogados aplican intuitivamente esta lógica: lugares y horarios claros, comunicaciones escritas, reglas predeterminadas y menor necesidad de renegociar operaciones ordinarias.

En términos sistémicos, el objetivo es reducir interfaces innecesarias y disminuir el número de operaciones susceptibles de producir nuevas perturbaciones.

Dos sistemas pueden ejecutar materialmente el mismo régimen de convivencia y, sin embargo, uno necesitar veinte comunicaciones semanales y otro solamente dos.

En un sistema de alta conflictividad, esa diferencia importa.

16. Cuando el divorcio termina jurídicamente pero el sistema anterior continúa

La sentencia o el convenio pueden poner fin jurídicamente al matrimonio sin eliminar todas las estructuras creadas durante la convivencia.

La permanencia de determinadas funciones es inevitable cuando existen hijos.

En otros ámbitos puede responder simplemente a la solución económica o patrimonial elegida.

Una vivienda continúa siendo propiedad de ambos.

Ambos permanecen vinculados a una hipoteca.

Uno conserva el uso exclusivo de un inmueble común.

Se mantienen gastos compartidos.

O se pospone durante años la liquidación patrimonial porque resolverla en el momento del divorcio resulta difícil.

Todas estas soluciones pueden ser jurídicamente posibles y, en ocasiones, las únicas realistas.

La perspectiva sistémica no las califica abstractamente como buenas o malas.

Pregunta:

¿Qué parte del sistema anterior necesita realmente sobrevivir y qué parte estamos conservando porque resolverla ahora resulta incómodo?

17. Desacoplamiento patrimonial y problemas diferidos

Mantener temporalmente una vivienda común puede evitar una venta precipitada.

Conservar determinadas obligaciones puede facilitar una transición económica.

Posponer una liquidación puede permitir alcanzar un acuerdo que de otro modo sería imposible.

Pero una estructura provisional puede convertirse con facilidad en permanente.

Una solución puede cerrar el procedimiento y, al mismo tiempo, encapsular un problema que continuará operativo durante años.

La vivienda familiar lo muestra con especial claridad. Quien conserva su uso puede tener un interés comprensible en mantener la situación. Quien continúa siendo propietario y deudor hipotecario puede descubrir años después que esa estructura condiciona su capacidad para financiar otra vivienda o reorganizar su patrimonio.

No necesariamente porque la solución inicial fuese incorrecta.

Puede haber sido la única disponible.

Pero conviene distinguir entre resolver una dependencia y estabilizar temporalmente una dependencia.

Cuando resulte viable, reducir progresivamente acoplamientos patrimoniales innecesarios puede ofrecer una arquitectura más robusta.

No como dogma.

Como pregunta profesional:

¿Esta solución facilita que dentro de unos años ambas personas puedan organizar vidas independientes o exige que continúen funcionando parcialmente como una unidad económica desaparecida?

Si el cliente, debidamente informado, prefiere mantener esa dependencia, la decisión le corresponde.

La teoría de sistemas simplemente hace visible su coste.

18. El test de la nueva relación

Existe un stress test especialmente sencillo para comprobar la robustez de una solución postdivorcio:

introducir hipotéticamente una nueva relación estable.

Podemos preguntar:

«Supongamos que dentro de tres años usted o su expareja tienen otra relación estable. ¿Esta solución seguirá funcionando razonablemente?»

La pregunta puede revelar dependencias ocultas.

Una casa nido puede adquirir una complejidad muy distinta.

Una hipoteca anterior puede dificultar la adquisición de otra vivienda.

Determinados gastos pueden empezar a percibirse de manera diferente.

Una organización basada en disponibilidad casi ilimitada puede dejar de funcionar.

La nueva relación no constituye el problema.

Actúa simplemente como variable para comprobar hasta qué punto el sistema postdivorcio había alcanzado verdadera autonomía.

Una solución robusta debería poder soportar razonablemente que quienes se divorcian continúen después con sus vidas.

19. Cuando el conflicto recluta nuevos actores

Una nueva pareja puede desempeñar una función muy positiva en la vida cotidiana de los menores.

Puede convivir con ellos, ayudar en sus cuidados y desarrollar vínculos afectivos importantes.

Pero una cosa es formar parte de la nueva realidad familiar y otra convertirse en operador del conflicto entre los progenitores.

El problema aparece cuando nuevas parejas, abuelos, familiares o incluso hijos mayores empiezan a negociar, interpretar el convenio, contestar comunicaciones, intervenir en intercambios o incorporar como propios los agravios de la relación anterior.

El conflicto amplía entonces su perímetro.

La práctica ofrece incluso situaciones en las que una incidencia durante un intercambio de menores termina generando un segundo conflicto —en ocasiones de naturaleza penal— entre personas que nunca formaron parte de la pareja originaria.

La secuencia puede ser:

CONFLICTO ANTERIOR → INCORPORACIÓN DE UN TERCERO → INTERVENCIÓN → NUEVO CONFLICTO → REFUERZO DEL CONFLICTO ANTERIOR.

Cuando aparece este patrón, la solución puede no consistir en regular con más detalle la intervención de todos los actores.

Puede ser más eficaz reducir nuevamente el perímetro.

¿Quién está participando actualmente en este conflicto sin necesidad de hacerlo?

La respuesta puede ser una nueva pareja, un abuelo, un hijo utilizado como mensajero o incluso el propio abogado cuando se pretende utilizarlo para transmitir reproches sin trascendencia jurídica.

La pregunta no es quién está presente.

Es qué función está realizando y si esa función necesita realmente ser realizada por esa persona.

20. Autonomía operativa del sistema parental

Hablar de autonomía no significa pretender que el sistema parental funcione aislado.

Ninguna familia lo hace.

La autonomía relevante es operativa: conservar capacidad suficiente para procesar las cuestiones propias sin necesitar que otros sistemas asuman sus funciones esenciales.

Una nueva pareja puede aconsejar, apoyar y participar intensamente en la nueva vida familiar.

Pero las decisiones parentales continúan perteneciendo a quienes ejercen las responsabilidades correspondientes.

Las nuevas parejas pueden formar parte de la nueva vida familiar; no necesitan formar parte del divorcio anterior.

Esta separación funcional protege también a las nuevas relaciones. Cuanto más se introduce el conflicto anterior en el nuevo sistema, mayor capacidad conserva aquél para condicionar una relación que ni siquiera existía cuando nació la controversia.

Un buen cierre jurídico no tiene por qué eliminar todas las relaciones entre quienes se divorcian. Cuando existen hijos, ni siquiera sería posible.

Pero sí puede procurar que el sistema extinguido conserve únicamente aquellos acoplamientos cuya supervivencia cumple una función necesaria o conscientemente aceptada.

21. Larson Systemic Contrast Directive — Family Law

Las cuestiones anteriores permiten plantear una aplicación práctica.

El análisis sistémico puede resultar útil no porque proporcione respuestas jurídicas distintas de las que ofrecen la ley, la jurisprudencia o la experiencia profesional, sino porque obliga a ordenar el problema antes de intervenir.

En la práctica, el abogado recibe información fragmentaria, emocionalmente cargada y muchas veces contradictoria.

Una herramienta de contraste podría ayudar en esa fase previa.

No actuaría como sistema autónomo de decisión.

No sustituiría al abogado.

Su función sería:

proporcionar una segunda lectura estructurada del sistema antes de que el profesional adopte una estrategia o introduzca una nueva intervención en él.

Sobre esta base puede plantearse experimentalmente la Larson Systemic Contrast Directive — Family Law: una directriz operativa de contraste destinada a estructurar el análisis asistido por inteligencia artificial sin convertirlo en una categoría jurídica ni atribuir al sistema capacidad autónoma de decisión.

22. Qué debería hacer la Directiva

El profesional podría incorporar, con las cautelas necesarias de anonimización, confidencialidad, protección de datos y secreto profesional, información como cronologías, notas de reuniones, comunicaciones, propuestas de convenio, datos de horarios, vivienda, trabajo, cuidados y pretensiones de cada parte.

La Directiva debería comenzar separando:

HECHOS DOCUMENTADOS

HECHOS RELATADOS

EMOCIONES EXPRESADAS

INTERPRETACIONES

INFERENCIAS

VARIABLES DESCONOCIDAS

Después podría identificar provisionalmente estados como crisis activa, ambivalencia, trayectoria probable de ruptura, ruptura consolidada, conflicto parental postruptura o simplemente información insuficiente.

Siempre con una indicación expresa del grado de confianza y, cuando resulte razonable, de una hipótesis alternativa compatible con la información disponible.

Una hipótesis útil no es aquella que elimina la incertidumbre, sino aquella que permite saber qué información necesitamos para reducirla.

Una vez reconstruido provisionalmente el sistema, la herramienta podría someter a contraste la estrategia del abogado:

«Aceptando los hechos actualmente disponibles, ¿qué objeción sistémica presenta la solución que estamos pensando defender?»

Por ejemplo:

Pretensión: guarda exclusiva.

Datos disponibles: ambos progenitores adecuados, disponibilidad semejante y redes de apoyo comparables.

Contraste: no aparece todavía una variable diferencial suficientemente clara que explique por qué debe concentrarse la convivencia ordinaria en uno de ellos.

La herramienta no diría que la pretensión debe abandonarse.

Obligaría al profesional a responder:

«¿Cuál es nuestra variable diferencial?»

Si existe, la estrategia se fortalece.

Si no existe, quizá deban ajustarse expectativas.

La misma lógica podría aplicarse a un convenio, una propuesta patrimonial o una intervención profesional.

Antes de efectuar una llamada, remitir una comunicación o introducir una determinada propuesta podría preguntarse:

• ¿qué función tiene esta intervención?;
• ¿qué estado presupone?;
• ¿qué respuesta puede razonablemente producir?;
• ¿existe una modalidad menos intensa que cumpla la misma función?;
• ¿es reversible?;
• ¿qué ocurriría si nuestra interpretación inicial fuese incorrecta?

La Directiva podría señalar además patrones observables de interacción —por ejemplo, escaladas recurrentes, comunicación predominantemente instrumental, ciclos repetidos de aproximación y retirada o intervención frecuente de terceros— siempre vinculándolos a la evidencia disponible, indicando el grado de confianza y contemplando explicaciones alternativas.

No atribuiría rasgos de personalidad ni estados psicológicos no acreditados.

Describiría, con alcance estrictamente funcional, cómo está operando la interacción documentada.

Finalmente podría producir una síntesis previa a la siguiente reunión:

• estado probable del sistema;
• hechos mejor documentados;
• interpretaciones principales;
• patrones observados;
• hipótesis alternativa relevante;
• variables desconocidas con mayor valor de decisión;
• incoherencias de la pretensión actual;
• riesgos que requieren valoración jurídica;
• preguntas recomendadas para la siguiente reunión.

No sería un dictamen.

Sería un instrumento interno de preparación y contraste.

23. Qué no debería hacer

La Larson Systemic Contrast Directive — Family Law no debería:

• decidir si una persona debe divorciarse;
• recomendar mantener una relación cuando existen razones de seguridad que exigen intervención;
• diagnosticar trastornos psicológicos;
• determinar automáticamente la credibilidad de una persona;
• calificar mecánicamente conductas como delictivas;
• decidir qué régimen de guarda corresponde;
• predecir una sentencia como si el resultado judicial fuera determinista;
• convertir patrones demográficos o estadísticos en conclusiones sobre un individuo concreto;
• sustituir el criterio profesional.

Resulta especialmente importante mantener separados dos planos:

El estado relacional puede ser incierto.

El riesgo jurídico puede exigir actuación inmediata.

Ambas afirmaciones pueden ser simultáneamente verdaderas.

Una herramienta de contraste nunca debería recomendar retrasar una medida necesaria de protección porque detecte posibilidades relacionales distintas.

El análisis sistémico debe convivir con las prioridades jurídicas y de seguridad, no desplazarlas.

24. Una segunda opinión sin voto

La mejor manera de comprender esta herramienta puede ser considerarla una segunda opinión sin capacidad de decisión.

El abogado tiene una primera impresión basada en el conocimiento del expediente, experiencia, intuición y análisis jurídico.

La herramienta devuelve otra lectura.

En ocasiones coincidirán.

En otras advertirá una contradicción que el profesional resolverá inmediatamente porque conoce un dato no incorporado.

Y algunas veces formulará una objeción que obligará a revisar la estrategia.

Ese último supuesto puede constituir precisamente su mayor utilidad.

No porque la inteligencia artificial sea necesariamente más acertada que el abogado.

El profesional puede disponer de décadas de experiencia, conocimiento del tribunal y una comprensión contextual difícil de reducir a datos.

Pero esa misma experiencia puede hacer que determinados patrones resulten tan familiares que se reconozcan casi automáticamente.

Una lectura adicional puede obligar a explicar aquello que inicialmente parecía evidente.

El objetivo no es sustituir la intuición profesional, sino someterla periódicamente a contraste.

Quizá la finalidad no sea construir un sistema que produzca una respuesta concluyente para cada problema.

En entornos complejos, una herramienta puede resultar más útil cuando identifica aquello que todavía no sabemos.

No:

«La custodia exclusiva resulta incoherente.»

Sino:

«Esta valoración depende de que ambos progenitores dispongan de una disponibilidad equivalente. Falta todavía información suficiente sobre los horarios reales de uno de ellos.»

No:

«La pareja quiere reconciliarse.»

Sino:

«La trayectoria observable es de ruptura, pero existen conductas posteriores que no encajan plenamente con una desvinculación completa. Conviene aclarar si responden a funciones residuales del sistema anterior o conservan capacidad para modificar la trayectoria.»

El abogado no recibe una verdad.

Recibe una pregunta mejor formulada.

Conclusión: pensar el sistema antes de intervenir

El Derecho de familia obliga al abogado a trabajar en un territorio en el que las categorías jurídicas conviven constantemente con emociones, expectativas, relaciones personales, recursos económicos, hijos, nuevas parejas y decisiones todavía en proceso de formación.

La teoría de sistemas no elimina esa complejidad ni proporciona una fórmula capaz de determinar la solución correcta para cada familia.

Su utilidad puede ser más concreta.

Puede ayudar a distinguir una crisis de una ruptura consolidada y recordar que proteger jurídicamente al cliente frente a un posible divorcio no significa necesariamente saber que ese divorcio sea irreversible.

Puede separar hechos, emociones e interpretaciones antes de convertirlos en estrategia procesal.

Puede someter una propuesta de custodia a la realidad concreta de los horarios, cuidados y recursos que tendrán que sostenerla.

Puede obligarnos a preguntarnos si la ventaja perseguida mediante un procedimiento justifica también el coste necesario para obtenerla.

Puede mostrar que una sentencia termina el procedimiento pero no necesariamente el sistema parental.

Puede advertir que determinadas soluciones patrimoniales cierran jurídicamente una ruptura al precio de conservar durante años dependencias propias del sistema anterior.

Y puede ayudar a limitar la expansión del conflicto hacia nuevas parejas, familiares o terceros que no necesitan convertirse en actores de una controversia que originalmente no les pertenecía.

Ninguna de estas observaciones sustituye el Derecho.

El abogado debe seguir analizando la ley, la jurisprudencia, la prueba, el riesgo procesal y las circunstancias particulares.

El cliente conserva la decisión sobre aquellas cuestiones que pertenecen a su esfera personal.

Puede existir una solución sistémicamente poco robusta que sea, sin embargo, la única económicamente viable. Puede existir una dependencia patrimonial que las partes prefieran conscientemente mantener. Puede existir una controversia cuyo coste sistémico sea elevado y que, aun así, deba ser llevada hasta sentencia.

La coherencia sistémica no elimina esas decisiones.

Las hace más visibles.

En último término, la pregunta que propone este enfoque puede formularse de manera sencilla:

¿La solución que estamos construyendo es coherente con el sistema familiar que realmente existe y con el que tendrá que seguir funcionando cuando termine nuestra intervención?

La futura Larson Systemic Contrast Directive — Family Law pretende trasladar este enfoque a una herramienta operativa: una estructura de contraste que pueda utilizarse antes de una reunión, una negociación o una decisión procesal para separar hechos e interpretaciones, detectar información ausente, someter a prueba la hipótesis de trabajo y hacer visibles las consecuencias sistémicas de una intervención.

No sería una herramienta destinada a decir al abogado qué debe hacer.

Sería algo más modesto y, en determinados asuntos, suficientemente útil:

una herramienta para obligarnos a pensar otra vez antes de intervenir.