Defensa de particulares y empresas frente a actos y resoluciones de las Administraciones Públicas, recursos administrativos, procedimientos contencioso-administrativos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
En EBAN Abogados prestamos asesoramiento y defensa en Derecho Administrativo a particulares, profesionales y empresas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Una resolución administrativa no tiene necesariamente la última palabra. Cuando una actuación de la Administración perjudica derechos o intereses legítimos, analizamos su legalidad, las posibilidades de impugnación y la vía más adecuada para obtener su revisión.
Nuestra intervención comprende tanto los recursos en vía administrativa como la posterior defensa ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo cuando resulta necesario acudir a la vía judicial.
Derecho Administrativo
- Actos y resoluciones administrativas
- Recursos administrativos
- Recurso contencioso-administrativo
- Procedimientos y sanciones administrativas
- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
- Daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos
- Empresas y Administraciones Públicas
Actos y resoluciones de las Administraciones Públicas
Las Administraciones Públicas adoptan diariamente decisiones que pueden afectar directamente a los derechos e intereses de particulares y empresas.
Cuando una resolución resulta desfavorable, es necesario analizar tanto el fondo de la decisión como el procedimiento seguido para adoptarla.
La falta de motivación, una incorrecta interpretación de la normativa, defectos de procedimiento, problemas relacionados con la prueba o el incumplimiento de las garantías del interesado pueden determinar la posibilidad de impugnar una actuación administrativa.
También resulta esencial identificar correctamente los plazos. En Derecho Administrativo, dejar transcurrir el plazo de recurso puede limitar o impedir posteriormente la revisión de una resolución.
Recursos en vía administrativa
Antes de acudir a los tribunales, determinadas resoluciones pueden o deben ser impugnadas ante la propia Administración.
Prestamos asistencia en la preparación y presentación de recursos de alzada, recursos potestativos de reposición y otros mecanismos de revisión administrativa previstos por el ordenamiento jurídico.
Un recurso administrativo no debe entenderse como una simple reiteración de las alegaciones realizadas anteriormente. Es el momento de identificar con precisión los motivos jurídicos de impugnación y construir una argumentación orientada a obtener la modificación o anulación del acto.
Cuando la vía administrativa no permite resolver satisfactoriamente el conflicto, analizamos la conveniencia de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Recursos contencioso-administrativos
El control judicial de la actuación administrativa corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo.
Intervenimos en procedimientos dirigidos a obtener la anulación de actos y resoluciones administrativas contrarios a Derecho y, cuando corresponda, el reconocimiento de la situación jurídica individualizada del cliente.
La preparación del procedimiento exige estudiar el expediente administrativo completo, determinar los motivos de impugnación, valorar la prueba disponible y definir qué resultado puede solicitarse judicialmente.
Cuando las circunstancias lo requieren, estudiamos también la posibilidad de solicitar medidas cautelares destinadas a evitar que la ejecución del acto administrativo haga perder al recurso su finalidad legítima.
Procedimientos y sanciones administrativas
La Administración dispone de potestad sancionadora en numerosos ámbitos de actividad.
Prestamos defensa desde la fase de alegaciones y prueba hasta la impugnación de la resolución sancionadora, tanto en vía administrativa como posteriormente ante los tribunales.
En estos procedimientos analizamos, entre otras cuestiones, la tipificación de la infracción, la prueba, la responsabilidad imputada, la proporcionalidad de la sanción, la prescripción, la caducidad y el respeto de las garantías procedimentales.
Una defensa temprana permite además construir adecuadamente el expediente desde sus primeras fases y preservar los argumentos que puedan resultar necesarios en una eventual impugnación posterior.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Los particulares pueden tener derecho a ser indemnizados cuando sufren un daño como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y concurren los requisitos legalmente establecidos para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración.
La existencia de un perjuicio no determina por sí sola el derecho a indemnización. Es necesario acreditar, entre otros elementos, la realidad y valoración del daño, su relación causal con la actuación administrativa y que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo.
Prestamos asistencia desde el análisis inicial de la viabilidad de la reclamación hasta su presentación y tramitación administrativa.
Si la Administración rechaza la reclamación o la indemnización reconocida resulta insuficiente, estudiamos su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos
Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial pueden tener su origen en situaciones muy diferentes.
Pueden derivar de actuaciones administrativas, funcionamiento de servicios públicos, daños producidos en bienes o derechos, accidentes relacionados con infraestructuras públicas u otras circunstancias en las que exista una relación jurídicamente relevante entre el perjuicio sufrido y la actividad administrativa.
Cada supuesto requiere un análisis individualizado. Resulta especialmente importante documentar el daño y conservar desde el principio las pruebas que permitan acreditar tanto su existencia como sus causas y consecuencias.
También debe prestarse atención al plazo para reclamar, ya que la responsabilidad patrimonial está sometida a límites temporales específicos.
Empresas y Administraciones Públicas
Las empresas mantienen relaciones constantes con Administraciones y organismos públicos.
Autorizaciones, licencias, inspecciones, sanciones y otras decisiones administrativas pueden afectar directamente al desarrollo de una actividad económica.
Nuestro carácter de bufete multidisciplinar permite analizar estas actuaciones teniendo en cuenta también sus consecuencias mercantiles, laborales, fiscales o patrimoniales.
Cuando la controversia exige acudir a los tribunales, mantenemos la continuidad entre el asesoramiento previo, la vía administrativa y la posterior defensa contencioso-administrativa.
Abogados de Derecho Administrativo
En EBAN Abogados defendemos a particulares y empresas en sus relaciones y conflictos con las Administraciones Públicas.
Nuestra intervención puede comenzar durante la propia tramitación administrativa, continuar mediante los recursos correspondientes y, cuando resulte necesario, trasladarse a los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.
También estudiamos y tramitamos reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños derivados del funcionamiento de los servicios públicos.
Las consultas iniciales son gratuitas. Antes de iniciar una actuación analizamos la resolución o expediente, los plazos existentes y las posibilidades jurídicas de impugnación o reclamación.
La Administración está sometida al Derecho. Cuando una decisión administrativa perjudica derechos o intereses legítimos, existen mecanismos para obtener su revisión y, en su caso, someterla al control de los tribunales.
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Derecho Administrativo · Recursos Administrativos · Contencioso-Administrativo · Responsabilidad Patrimonial
