Resumen
El artículo parte de una consulta real, con los datos personales y determinadas circunstancias modificados para preservar la identidad de los intervinientes.
Un particular adquiere por algo más de 2.000 euros un vehículo a otro particular que actúa como intermediario informal. El precio se paga en efectivo. El vehículo, sin embargo, continúa figurando en la Dirección General de Tráfico a nombre de un tercer sujeto.
El titular formal se niega a colaborar en el cambio de titularidad porque mantiene con el intermediario una controversia económica por algo más de 1.000 euros. El adquirente afirma disponer de conversaciones y de una extensa grabación en la que el titular aparentemente reconoce que el vehículo fue comprado y pagado, pero condiciona la transferencia al pago de aquella deuda.
Lo que inicialmente parece una sencilla consulta —«he comprado un coche y no me hacen la transferencia»— plantea progresivamente cuestiones civiles, administrativas, probatorias y eventualmente penales.
Primero debe determinarse qué ocurrió realmente entre el titular y el intermediario: si existió una compraventa o si éste recibió el vehículo por otro título que no le permitía transmitirlo. Después habrá que determinar si el adquirente final llegó a adquirir válidamente el vehículo y, sobre todo, cómo puede demostrarlo.
La informalidad de la operación adquiere entonces toda su importancia. No existe una cadena contractual clara, los pagos se realizaron en efectivo, las transmisiones no se regularizaron ante Tráfico y tampoco existe la trazabilidad que normalmente proporciona el cumplimiento tributario asociado a la transmisión.
Los mensajes, testigos y grabaciones pueden constituir prueba. Pero existe una diferencia fundamental entre conocer personalmente lo sucedido y conseguir reconstruirlo ante un Juzgado. Una grabación de más de dieciocho minutos que contenga una manifestación aparentemente favorable puede ser importante; no equivale por sí sola a disponer de un contrato, justificantes de pago y una secuencia documental coherente.
El asunto presenta además riesgos ajenos a la propia propiedad. Debe comprobarse la existencia efectiva de seguro obligatorio y la habilitación del conductor para conducir en España. La mera discordancia entre conductor y titular administrativo no determina por sí misma la inmovilización del vehículo, pero la concurrencia de determinadas circunstancias legalmente previstas —entre ellas la falta de seguro— sí puede provocar su inmovilización y, en determinados casos, retirada y depósito.
Existe asimismo una dimensión penal potencial. El titular formal podría denunciar una utilización no autorizada; el intermediario podría haber transmitido un vehículo sobre el que carecía de facultades de disposición; y determinadas conductas podrían requerir el análisis de los delitos patrimoniales o de utilización ilegítima de vehículo. Ninguna de esas consecuencias es automática: precisamente el problema consiste en que habrá que reconstruir qué sucedió realmente.
Finalmente aparece la cuestión económica. Puede estudiarse una acción civil, pero un procedimiento de estas características requiere abogado, puede requerir procurador, probablemente exigirá prueba personal y una valoración compleja de las conversaciones y documentos, necesitará tiempo y presenta riesgo de desestimación y, en su caso, de costas.
Cuando el vehículo fue adquirido por algo más de 2.000 euros y el conflicto económico entre los anteriores intervinientes ronda los 1.000, la pregunta profesional ya no es únicamente «¿podemos demandar?», sino «¿resulta razonable hacerlo?».
La consulta concluye por ello sin asumir inicialmente un procedimiento contencioso. La recomendación profesional es intentar resolver extrajudicialmente el conflicto y, mientras permanezcan las incertidumbres jurídicas, administrativas y aseguradoras, no utilizar el vehículo.
1. Una consulta real: «He comprado un coche y no me hacen la transferencia»
La consulta parecía, inicialmente, bastante sencilla:
«He comprado un coche, lo he pagado y no me hacen la transferencia».
A medida que comenzamos a hacer preguntas, la situación resultó bastante menos sencilla.
Para facilitar la exposición llamaremos A a quien continúa figurando como titular del vehículo ante la Dirección General de Tráfico, B al intermediario y C al adquirente final que realizó la consulta.
Según nos explicó C, A había entregado previamente el vehículo a B. Posteriormente, B —que no se dedica profesionalmente a la compraventa de vehículos— se lo vendió a C por algo más de 2.000 euros. El precio se pagó en efectivo y C recibió el automóvil.
Sin embargo, ninguna de las sucesivas transmisiones había quedado adecuadamente reflejada ante Tráfico. El vehículo continuaba figurando administrativamente a nombre de A.
Cuando C intentó regularizar la situación apareció el conflicto.
A se negaba a colaborar en el cambio de titularidad porque mantenía una controversia económica con B. Según la información facilitada durante la consulta, B le adeudaría algo más de 1.000 euros y A no estaba dispuesto a facilitar la transferencia mientras aquella deuda no fuese satisfecha.
C se encontraba así en una posición peculiar: había pagado el vehículo, lo tenía en su poder y lo utilizaba, pero no había contratado directamente con la persona que continuaba figurando como titular ante Tráfico.
Además, las operaciones se habían desarrollado con un grado muy reducido de formalización: pagos en efectivo, ausencia de una cadena contractual clara y dos transmisiones que nunca llegaron a completarse administrativamente.
El cliente afirmaba disponer de mensajes y grabaciones que, a su juicio, demostraban lo ocurrido. Entre ellas existiría una conversación en la que A reconocería que C había comprado y pagado el vehículo, aunque mantendría su negativa a realizar la transferencia hasta solucionar previamente su conflicto económico con B.
Todo ello podía ser relevante. Pero antes de plantearnos una demanda había que responder preguntas bastante más elementales.
¿Qué había ocurrido realmente entre A y B? ¿Había comprado B el vehículo o simplemente lo tenía en su poder? ¿Podía venderlo a C? ¿Cómo podía C demostrar el pago realizado en efectivo? ¿Qué valor probatorio tenían las conversaciones? ¿Y en qué situación estaba circulando actualmente ese vehículo?
La consulta había dejado de ser una simple cuestión sobre cómo realizar un cambio de titularidad ante la DGT.
Era necesario reconstruir primero qué había ocurrido.
2. La primera pregunta no fue cómo demandar
Ante una situación así, resulta tentador comenzar inmediatamente por la cuestión civil: determinar quién es propietario del vehículo y qué procedimiento podría iniciarse para conseguir finalmente el cambio de titularidad.
No fue nuestra primera preocupación.
C nos explicó que estaba utilizando el vehículo. Por eso la primera cuestión que planteamos fue mucho más inmediata:
«¿Está usted seguro de que ese vehículo tiene actualmente un seguro en vigor?»
La respuesta fue que A, el titular que continuaba figurando en Tráfico, tenía contratado un seguro.
Eso no era suficiente.
Que otra persona hubiera contratado una póliza no permitía conocer, sin comprobarla, cuál era su situación actual, si continuaba vigente o cuáles eran exactamente las circunstancias declaradas a la aseguradora.
En España, la circulación de vehículos a motor está sometida a aseguramiento obligatorio. Circular sin ese aseguramiento no constituye por sí solo un delito, pero sí puede producir importantes consecuencias administrativas y económicas.
Y, sobre todo, existe un riesgo mucho mayor que la propia sanción: tener un accidente sin una cobertura aseguradora adecuada.
Un vehículo adquirido por algo más de 2.000 euros puede causar en pocos segundos daños materiales y personales por cantidades muy superiores. La eventual intervención del Consorcio de Compensación de Seguros en los supuestos legalmente previstos tampoco significa que desaparezca necesariamente la responsabilidad económica de quienes deban responder posteriormente.
Por eso, antes de discutir quién tenía razón en la cadena de transmisiones, había que saber en qué condiciones estaba circulando el vehículo.
También debía comprobarse la situación del permiso de conducción.
Cuando se utiliza un permiso expedido en el extranjero no basta con afirmar que se dispone de un permiso de conducción. Debe comprobarse si ese permiso habilita efectivamente para conducir en España atendiendo a sus características y a las circunstancias concretas de su titular.
Conviene además evitar una simplificación frecuente: que un permiso extranjero no resulte válido para conducir en España no significa automáticamente que exista un delito de conducción sin permiso. Las consecuencias administrativas y las previstas en el artículo 384 del Código Penal responden a presupuestos diferentes y deben analizarse separadamente.
En definitiva, antes de preguntarnos cómo conseguir una sentencia que permitiera resolver la controversia sobre el vehículo, había una cuestión bastante más urgente:
¿Puede esta persona seguir circulando hoy con el vehículo sin asumir un riesgo jurídico innecesario?
Nuestra recomendación provisional fue que no lo utilizara hasta comprobar y regularizar su situación.
La propiedad podía discutirse después. Un accidente ocurrido mientras se discutía podía convertir un problema de poco más de 2.000 euros en algo completamente diferente.
3. ¿Qué ocurrió realmente entre A y B?
Una vez atendido el riesgo inmediato derivado de la utilización del vehículo, aparecía la primera cuestión verdaderamente importante para analizar cualquier posible reclamación:
¿Por qué tenía B el vehículo y qué facultades había recibido de A?
C había comprado el automóvil a B. Pero B no figuraba como titular ante la Dirección General de Tráfico. Por tanto, antes de preguntarnos si C podía exigir el cambio de titularidad era necesario retroceder un paso y reconstruir la relación entre A y B.
Existían varias posibilidades.
A podía haber vendido realmente el vehículo a B, haber recibido el precio y haberle hecho entrega del automóvil, quedando simplemente pendiente la regularización administrativa de aquella primera transmisión.
Pero también podía sostener una versión completamente diferente: que nunca vendió el vehículo a B, sino que únicamente se lo prestó, se lo cedió temporalmente o se lo entregó por cualquier otra razón que no incluía la facultad de venderlo posteriormente a un tercero.
La diferencia es esencial.
Tener las llaves de un vehículo y disponer materialmente de él no significa necesariamente ser su propietario ni estar facultado para venderlo.
Si A había vendido efectivamente el vehículo a B, la circunstancia de que el cambio de titularidad no se hubiera completado ante Tráfico no permitiría, por sí sola, concluir que aquella compraventa nunca existió. La titularidad administrativa y la propiedad civil no son conceptos necesariamente coincidentes.
Pero si A nunca transmitió el vehículo a B y éste solamente lo recibió para utilizarlo temporalmente o por cualquier otro título que no le permitiera disponer de él, la posterior venta a C plantearía un problema jurídico completamente distinto.
Y aquí aparecía una dificultad característica de todo el asunto: la primera operación tampoco había sido adecuadamente documentada.
No disponíamos inicialmente de una cadena contractual que permitiera comprobar de manera sencilla cuándo adquirió B el vehículo, qué precio pagó, en qué condiciones se produjo la entrega y qué obligaciones quedaron pendientes entre A y B.
Sí conocíamos la existencia de una controversia económica entre ambos. Según C, A reclamaba a B algo más de 1.000 euros y precisamente utilizaba esa deuda como razón para negarse a colaborar en la transferencia definitiva del vehículo.
Ese dato podía resultar significativo, pero tampoco permitía por sí solo reconstruir jurídicamente la primera operación.
Una deuda entre A y B podía proceder de la propia compraventa del vehículo, de una cantidad pendiente relacionada con ella o de una relación completamente diferente. Antes de formular una demanda habría que saberlo.
Por eso no bastaba con preguntar quién figuraba en Tráfico.
Había que determinar qué negocio jurídico existió realmente entre A y B, qué obligaciones asumió cada uno y, especialmente, si B llegó a adquirir una posición jurídica que le permitiera transmitir posteriormente el vehículo a C.
Ésta era la primera pieza de una cadena que el cliente daba por supuesta, pero que un Juzgado no tendría por qué dar por acreditada.
Y de su respuesta dependía la siguiente pregunta:
¿Podía B vender el vehículo a C?
4. ¿Podía B vender el vehículo a C?
La respuesta dependía necesariamente de lo ocurrido en la primera transmisión.
Si A había vendido realmente el vehículo a B y le había hecho entrega del mismo, el hecho de que B no hubiera completado posteriormente el cambio de titularidad ante Tráfico no significaba, por sí solo, que careciera de cualquier facultad para transmitirlo.
Pero el escenario sería completamente diferente si B únicamente hubiera recibido el vehículo en préstamo, depósito, cesión temporal o por cualquier otro título que no le atribuyera facultades de disposición.
En ese supuesto, B habría vendido a C un vehículo que podía tener legítimamente en su poder, pero que no necesariamente podía vender.
Éste es un matiz importante.
La posesión material genera una apariencia especialmente intensa cuando hablamos de un automóvil. B tiene el vehículo, las llaves, puede mostrarlo al comprador y eventualmente dispone también de parte de su documentación. Para C, todo ello puede generar la impresión de que está contratando con una persona facultada para vender.
Pero esa apariencia no resuelve por sí sola la cuestión jurídica.
Antes de entregar el precio, el adquirente debería comprobar quién figura como titular, cuál es el título de quien pretende venderle el vehículo y por qué puede disponer de él.
En nuestro caso, C había pagado algo más de 2.000 euros a B y había recibido el automóvil. Según su relato, lo había hecho convencido de estar realizando una verdadera compraventa.
Eso resultaba relevante para analizar su posición.
Pero una cuestión es determinar si C actuó de buena fe y otra distinta determinar si la operación realizada por B era suficiente para transmitirle jurídicamente el vehículo frente a A.
El Código Civil contiene reglas específicas sobre la posesión y adquisición de bienes muebles, entre ellas las previstas en su artículo 464. Su aplicación exige analizar cuidadosamente cómo perdió A la posesión del vehículo, qué título existía entre A y B y en qué circunstancias adquirió C.
Por eso sería excesivamente sencillo afirmar cualquiera de estas dos cosas:
«Como el vehículo continúa a nombre de A, B nunca pudo venderlo».
O, en sentido contrario:
«Como C pagó el vehículo y recibió las llaves, ya es necesariamente su propietario».
Ninguna de las dos afirmaciones permite resolver por sí sola un supuesto de estas características.
Además, si B sabía que carecía de facultades para disponer del automóvil y, pese a ello, se presentó ante C como persona legitimada para venderlo y obtuvo de éste el precio, la cuestión podría dejar de ser exclusivamente civil.
El Código Penal contempla específicamente determinadas conductas en las que una persona se atribuye falsamente facultades de disposición sobre una cosa y realiza actos de disposición en perjuicio de otra. Dependiendo de los hechos que finalmente pudieran acreditarse, también habría que valorar las correspondientes figuras de estafa y otros delitos patrimoniales.
Pero tampoco aquí conviene anticipar conclusiones.
Una compraventa que no puede finalmente consumarse o regularizarse no se convierte automáticamente en una estafa.
Para trasladar el conflicto al ámbito penal sería necesario acreditar los elementos exigidos por el correspondiente tipo delictivo y, particularmente cuando se plantea una defraudación, determinar qué sabía B y cuál era su intención cuando recibió el dinero de C.
Puede existir una diferencia decisiva entre vender un vehículo creyendo legítimamente que se tiene facultad para hacerlo y cobrar un precio sabiendo desde el principio que se está disponiendo de un bien sobre el que no existe tal facultad.
Y C podía encontrarse precisamente en medio de esa controversia.
Había entregado el dinero, había recibido el vehículo y podía haber actuado convencido de la regularidad de la operación. Pero eso no eliminaba la necesidad de reconstruir primero el título de B.
Antes de decidir quién tenía finalmente derecho sobre el automóvil, había que separar tres conceptos que durante la consulta aparecían continuamente mezclados:
quién era propietario, quién tenía la posesión y quién continuaba figurando como titular ante Tráfico.
5. Propiedad, posesión y titularidad en Tráfico no son exactamente lo mismo
Buena parte de la confusión del caso procedía de utilizar como equivalentes tres situaciones que jurídicamente no son exactamente lo mismo:
ser propietario del vehículo, tenerlo materialmente en posesión y figurar como titular en los registros de la Dirección General de Tráfico.
En una compraventa correctamente realizada, lo normal es que las tres situaciones terminen coincidiendo. El comprador adquiere el vehículo, recibe su posesión y tramita el correspondiente cambio de titularidad.
Aquí no había ocurrido así.
A continuaba figurando como titular administrativo. B había tenido el vehículo y posteriormente se lo había entregado a C. Y C era quien finalmente lo poseía y utilizaba.
La pregunta era cuál de esas situaciones reflejaba además la propiedad civil del automóvil.
La titularidad en Tráfico es importante, pero no resuelve por sí sola la propiedad
Que A continuara apareciendo como titular ante la DGT constituía un dato muy relevante. Pero no permitía afirmar automáticamente que ninguna transmisión civil hubiera podido producirse.
La transmisión de la propiedad de un bien mueble responde a las reglas civiles aplicables y debe analizarse atendiendo al negocio celebrado, la entrega y las circunstancias concretas de cada operación.
Por ello, una compraventa no desaparece necesariamente porque las partes hayan omitido posteriormente el trámite administrativo de cambio de titularidad.
El problema es que esa omisión genera una discordancia entre la realidad que sostienen las partes y la información que puede comprobar inmediatamente un tercero.
Y esa discordancia tiene consecuencias prácticas.
La posesión tampoco demuestra necesariamente la propiedad
C tenía el vehículo y las llaves. Eso demostraba una realidad posesoria evidente, pero tampoco resolvía por sí solo el problema.
Una persona puede poseer legítimamente un vehículo sin ser su propietaria: porque se lo han prestado, cedido, arrendado o entregado por cualquier otro título.
Precisamente por eso resultaba tan importante conocer qué había ocurrido previamente entre A y B.
Si B había adquirido el vehículo de A, su posterior entrega a C podía responder a una segunda compraventa.
Si B solamente había recibido el vehículo temporalmente, la misma secuencia material —B tiene el coche y después se lo entrega a C— podía tener un significado jurídico completamente diferente.
El problema aparece cuando cada realidad cuenta una historia distinta
En nuestro caso podían coexistir tres apariencias:
A podía afirmar: «El vehículo continúa a mi nombre».
B podía afirmar: «A me lo transmitió y por eso pude venderlo».
Y C podía afirmar: «Yo lo compré, lo pagué y me lo entregaron».
Las tres afirmaciones podían apoyarse en algún elemento de la realidad y, sin embargo, no ser suficientes por separado para resolver el conflicto.
Un eventual procedimiento judicial tendría precisamente que reconstruir cómo se relacionaban entre sí.
Por eso tampoco bastaría con aportar al Juzgado una consulta de los datos de Tráfico y considerar terminada la discusión. Pero sería igualmente imprudente ignorar que, frente a terceros y ante una primera comprobación administrativa, A seguía apareciendo como titular.
La falta de regularización crea una apariencia que puede volverse contra el adquirente
Mientras todos los intervinientes están de acuerdo, estas discordancias pueden permanecer durante meses sin producir aparentemente ningún problema.
La dificultad comienza cuando alguien cambia su versión, surge una deuda, se produce una denuncia, interviene la Policía o resulta necesario acudir a un Juzgado.
Entonces C puede encontrarse explicando por qué tiene en su poder un vehículo que continúa administrativamente vinculado a otra persona.
Puede tener una explicación perfectamente legítima.
Pero tendrá que acreditarla.
Y ésa era precisamente la debilidad que comenzaba a aparecer repetidamente en la consulta: había una historia que el cliente consideraba clara, pero muy pocas de las operaciones que integraban esa historia habían dejado una huella documental sencilla.
La siguiente cuestión era, por tanto, inevitable.
¿Cómo demostrar que C había pagado realmente el vehículo y en qué condiciones lo había adquirido?
6. El problema de pagar en efectivo
La respuesta de C a la pregunta sobre cómo había pagado el vehículo fue sencilla:
en efectivo.
El pago en efectivo entre particulares no significa, por sí solo, que la compraventa no haya existido. Tampoco permite concluir automáticamente que nos encontremos ante una operación ilícita.
El problema era otro.
Había que demostrar el pago.
Cuando una compraventa se paga mediante transferencia bancaria existe, al menos, una huella objetiva de que una determinada cantidad salió de una cuenta y llegó a otra en una fecha concreta. Si además se identifica correctamente el concepto, ese movimiento puede relacionarse fácilmente con la operación discutida.
El efectivo no proporciona esa misma trazabilidad.
C podía afirmar que había entregado algo más de 2.000 euros a B como precio del vehículo. B podía reconocerlo. Podían existir mensajes anteriores y posteriores compatibles con esa versión. La propia entrega del automóvil podía constituir otro elemento relevante.
Pero si posteriormente B negara haber recibido el dinero, discutiera la cantidad o atribuyera aquella entrega a un concepto diferente, habría que reconstruir lo ocurrido mediante otros medios de prueba.
«Yo pagué» no es lo mismo que «puedo demostrar que pagué»
Ésta es una distinción que resulta incómoda para muchos clientes.
Quien participó personalmente en una operación conoce lo que hizo. Recuerda dónde se produjo la entrega, quién estaba presente y cuánto dinero entregó.
Para esa persona el hecho puede ser indiscutible.
Para un Juzgado no lo es.
Si el pago resulta controvertido, habrá que acreditarlo mediante los elementos disponibles: recibos, contratos, mensajes, testigos, conversaciones entre las partes, actos posteriores o cualquier otro medio de prueba admisible que permita reconstruir la operación.
Y cuantos menos elementos objetivos existan, mayor será la importancia de la valoración conjunta de indicios y declaraciones.
El problema se multiplica cuando existen dos transmisiones
En nuestro caso la dificultad era todavía mayor porque no había que reconstruir una única compraventa.
Había que reconstruir dos relaciones sucesivas.
Primero, qué había ocurrido entre A y B.
Después, qué había ocurrido entre B y C.
Si las dos operaciones se realizaron con escasa documentación y al menos una de ellas mediante pago en efectivo, la controversia deja rápidamente de poder resolverse mediante la simple lectura de dos contratos y dos justificantes bancarios.
Empiezan a adquirir protagonismo los mensajes, las conversaciones, la posesión del vehículo, la entrega de las llaves, las conductas posteriores y, finalmente, lo que cada uno de los intervinientes declare ante el Juzgado.
La ausencia de trazabilidad también permite que las versiones cambien
Existe además un problema práctico.
Cuando una operación está documentada, el margen para reconstruir posteriormente una historia diferente es mucho menor.
Un contrato identifica a comprador y vendedor. Un justificante acredita una determinada transferencia. Una liquidación tributaria deja constancia de una operación declarada. El cambio de titularidad genera otra referencia administrativa.
Cuando nada de eso existe, aumenta el espacio disponible para que cada parte explique posteriormente los acontecimientos de una manera distinta.
A puede sostener que nunca vendió el vehículo a B.
B puede afirmar que sí lo adquirió.
C puede afirmar que posteriormente pagó a B el precio íntegro en efectivo.
Y el Juzgado tendrá que decidir qué hechos considera acreditados.
El efectivo puede ser legal y, al mismo tiempo, una mala decisión probatoria
Éste es el punto que nos parecía importante transmitir al cliente.
No se trataba de convertir retrospectivamente el pago en efectivo en algo que necesariamente estuviera prohibido.
Se trataba de comprender el riesgo que había generado.
En una operación de estas características, disponer de una transferencia bancaria o de un recibo firmado habría simplificado extraordinariamente una cuestión que ahora podía requerir interrogatorios, testigos, mensajes y grabaciones.
La informalidad había ahorrado documentación cuando todos estaban de acuerdo.
Ahora que existía un conflicto, esa documentación era precisamente lo que faltaba.
C nos indicó entonces que sí disponía de otro elemento que consideraba especialmente importante.
«Tengo un audio».
La siguiente pregunta fue inevitable:
«¿Cuánto dura?»
La respuesta:
más de dieciocho minutos.
7. «Tengo un audio de más de dieciocho minutos»
La existencia de una grabación podía cambiar significativamente la valoración probatoria del asunto.
Según nos explicó C, en una de las conversaciones A reconocería que el vehículo había sido comprado y pagado por C. Sin embargo, A se negaría a colaborar en la transferencia mientras B no satisficiera previamente la deuda que mantenía con él.
Si la conversación decía efectivamente eso, podía tratarse de un elemento probatorio importante.
Por eso preguntamos:
«¿Tiene usted esa conversación grabada?»
La respuesta fue afirmativa.
La siguiente pregunta fue:
«¿Cuánto dura?»
Más de dieciocho minutos.
Una grabación puede ser prueba, pero hay que convertirla en una prueba útil
Las grabaciones de conversaciones pueden aportarse a un procedimiento cuando concurren los requisitos legales para su obtención y aportación. Que una conversación no esté documentada por escrito no significa que carezca necesariamente de valor probatorio.
En este caso, una manifestación de A reconociendo que C había comprado y pagado el vehículo podía resultar especialmente relevante.
Más aún si posteriormente A sostuviera ante el Juzgado una versión diferente.
Por ejemplo:
«Yo nunca vendí el vehículo a B. Únicamente se lo presté y jamás autoricé que lo vendiera».
Una conversación anterior en la que el propio A pareciera reconocer la compraventa posterior podría ser difícil de conciliar con esa versión y tendría que ser valorada junto con el resto de la prueba.
Pero de ahí no podía extraerse la conclusión de que el procedimiento estuviera ganado.
Dieciocho minutos pueden contener una frase decisiva y diecisiete minutos de contexto
Para quien participó en la conversación, el significado del audio puede parecer evidente.
Conoce a las personas que hablan, sabe qué había sucedido anteriormente, recuerda a qué deuda se estaban refiriendo y puede identificar inmediatamente la frase que considera importante.
Un Juzgado parte de una posición completamente diferente.
Recibe un archivo de más de dieciocho minutos dentro de un procedimiento en el que existen escritos, documentos, interrogatorios y posiblemente otros medios de prueba.
No resulta prudente construir una estrategia procesal confiando simplemente en que el Juzgado escuche una conversación extensa y descubra por sí mismo el minuto exacto en el que aparece aquello que consideramos determinante.
La grabación debe examinarse previamente, identificar los pasajes relevantes, contextualizarlos y, cuando resulte procedente, facilitar su adecuada incorporación y comprensión mediante la correspondiente transcripción, sin desnaturalizar el contenido completo de la conversación.
Y después las partes declaran
La grabación tampoco existiría aisladamente.
En un eventual procedimiento habría que relacionarla con los restantes elementos probatorios y con lo que declarasen A, B y C.
C podría explicar que pagó el vehículo y que posteriormente A reconoció expresamente la operación.
B podría confirmar la existencia de las sucesivas transmisiones.
Pero A podría ofrecer otra interpretación de sus palabras, discutir el contexto de la conversación o mantener que nunca transmitió a B la facultad de vender el vehículo.
Será entonces el Juzgado quien valore el conjunto.
No el cliente.
No el abogado.
Y tampoco una frase aislada de una conversación.
El Juzgado recibe el conflicto, no la historia
Ésta era probablemente una de las ideas más importantes que había que explicar durante la consulta.
Para C, los acontecimientos formaban una secuencia perfectamente conocida: pagó a B, recibió el vehículo, habló posteriormente con A y escuchó de éste determinadas manifestaciones.
Pero el Juez no estuvo presente cuando se entregó el dinero.
No vio quién entregó las llaves.
No conoce previamente a A, B ni C.
No sabe qué relación mantenían entre ellos.
Y no conoce el significado de una conversación de dieciocho minutos hasta que esa conversación se incorpora al procedimiento y se relaciona con el resto de la prueba.
El Juzgado recibe el conflicto, no la historia.
Su función será reconstruirla a partir de aquello que las partes aleguen y consigan acreditar.
Una prueba favorable no elimina el riesgo del procedimiento
Por eso nuestra valoración del audio debía ser necesariamente prudente.
Podía constituir una prueba muy favorable.
Podía incluso resultar difícilmente compatible con determinadas versiones posteriores de A.
Pero antes de valorar seriamente una demanda habría que escuchar la grabación completa, conocer su contexto, examinar los restantes mensajes y documentos y determinar exactamente qué hechos podía contribuir a acreditar.
Un abogado puede decir que una prueba parece importante.
Lo que no debería decir, después de escuchar la versión de una sola de las partes, es:
«Con este audio el asunto está ganado».
Y había además una pregunta que seguía pendiente.
¿Por qué una operación que en España puede documentarse mediante un contrato sencillo, un pago acreditable, el cumplimiento tributario y un cambio de titularidad había terminado dependiendo de una conversación grabada de más de dieciocho minutos?
Eso nos llevaba al siguiente problema: la función de las formalidades que se habían omitido.
8. Contrato, ITP y transferencia: por qué las formalidades importan
Llegados a este punto había una cuestión difícil de ignorar.
En España, la compraventa de un vehículo usado entre particulares puede documentarse de una manera relativamente sencilla.
No hace falta un contrato complejo.
Lo habitual es identificar al vendedor y al comprador, identificar correctamente el vehículo, fijar el precio y la fecha de la transmisión, firmar un contrato de compraventa, dejar constancia del pago, cumplir las obligaciones tributarias correspondientes y tramitar el cambio de titularidad ante la Dirección General de Tráfico.
Muchas personas perciben estos trámites como simples formalidades administrativas.
En realidad cumplen otra función extraordinariamente importante:
dejan huella de lo sucedido.
Un contrato sencillo evita después preguntas muy complicadas
Un contrato de compraventa de un vehículo entre particulares puede ocupar apenas unas páginas.
Pero permite responder inmediatamente a cuestiones que, en nuestro caso, se habían convertido en objeto de controversia.
¿Quién vendió?
¿Quién compró?
¿Qué vehículo se transmitió?
¿Cuándo se produjo la operación?
¿Qué precio se acordó?
¿En qué condiciones se realizó la entrega?
Cuando existe ese documento, firmado por las partes y acompañado de una forma acreditable de pago, el espacio disponible para reconstruir posteriormente una historia completamente diferente se reduce considerablemente.
Aquí, en cambio, había que intentar responder a esas mismas preguntas mediante conversaciones, pagos en efectivo, posesión material del vehículo y una grabación de más de dieciocho minutos.
El ITP también deja constancia de la transmisión
En una compraventa de un vehículo usado entre particulares, el adquirente debe atender además las obligaciones derivadas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los términos que resulten aplicables.
El impuesto tiene naturalmente una finalidad tributaria y recaudatoria.
Pero su cumplimiento produce también un efecto práctico de trazabilidad.
Ante una Administración se identifica una transmisión concreta, un adquirente, un transmitente, un vehículo, una fecha y una determinada operación económica.
Además, la regularización tributaria forma parte del circuito ordinario necesario para completar el cambio de titularidad del vehículo ante Tráfico.
La falta de liquidación del impuesto no permite concluir, por sí sola, que civilmente nunca existiera una compraventa.
Pero sí elimina otra de las huellas que normalmente permitirían reconstruirla con facilidad.
Y finalmente está Tráfico
El cambio de titularidad ante la Dirección General de Tráfico tampoco debe confundirse automáticamente con la adquisición civil de la propiedad.
Sin embargo, su importancia práctica es evidente.
Permite que la situación administrativa del vehículo se corresponda con la transmisión que las partes afirman haber realizado.
Cuando el contrato, el pago, el cumplimiento tributario y la titularidad administrativa cuentan la misma historia, la operación resulta relativamente sencilla de reconstruir.
El problema aparece cuando cada uno de esos elementos falta o cuenta una historia diferente.
En nuestro caso faltaba prácticamente toda la cadena
No estábamos ante una compraventa correctamente documentada en la que únicamente se hubiera olvidado realizar un último trámite.
Había dos transmisiones sucesivas entre particulares.
Un intermediario que no era profesional.
Pagos realizados en efectivo.
Una cadena contractual insuficientemente documentada.
Una situación tributaria que debía ser comprobada.
Y un vehículo que continuaba figurando en Tráfico a nombre de A mientras era utilizado por C.
Cada una de estas circunstancias podía tener una explicación.
El problema era su acumulación.
Se había prescindido de prácticamente todos los mecanismos que normalmente permiten acreditar una transmisión y ahora se planteaba la posibilidad de pedir a un Juzgado que reconstruyera aquello que las propias partes no habían documentado cuando podían hacerlo fácilmente.
Las formalidades también protegen al comprador
Ésta es quizá la enseñanza más importante.
El contrato, el justificante de pago, la liquidación tributaria y el cambio de titularidad no existen únicamente para satisfacer las exigencias de la Administración.
También protegen a quien compra.
Permiten comprobar con quién está contratando, documentar lo que ha pagado y reducir considerablemente el riesgo de que, meses después, alguien niegue la operación o sostenga que quien entregó el vehículo nunca estuvo autorizado para venderlo.
Mientras todos están de acuerdo, estas formalidades pueden parecer innecesarias.
Cuando aparece el conflicto se comprende para qué servían.
Y desde una perspectiva estrictamente práctica, nuestra recomendación preventiva para cualquier operación futura sería mucho más sencilla que todo el análisis jurídico anterior:
no compre un vehículo en estas condiciones.
9. «No compre usted un vehículo en estas condiciones»
Existe una forma mucho menos técnica de resumir buena parte de lo explicado hasta ahora:
«No compre usted un vehículo en estas condiciones».
No es una norma jurídica.
Quien ha realizado una operación informal no pierde por ello su derecho a acudir a los tribunales. Tampoco existe ninguna regla que permita desestimar una demanda simplemente porque el comprador hubiera podido actuar con mayor prudencia.
Pero existe una realidad práctica que conviene explicar con claridad.
Una cosa es tener un derecho y otra conseguir demostrar ante un Juzgado todos los hechos necesarios para que ese derecho sea reconocido.
El procedimiento judicial no elimina el riesgo que se asumió al contratar
C decidió adquirir un vehículo a una persona que no figuraba como titular ante Tráfico.
Pagó algo más de 2.000 euros en efectivo.
La operación no quedó integrada en una cadena contractual clara con la transmisión anterior.
El cambio de titularidad no se realizó.
Y ahora existía una controversia entre A y B que afectaba directamente a la posibilidad de regularizar el vehículo.
Todas esas circunstancias pueden ser explicadas.
Pero también representan riesgos que existían desde el momento en que se realizó la operación.
El procedimiento judicial puede resolver una controversia. Lo que no puede hacer es proporcionar retrospectivamente la seguridad documental de la que las partes prescindieron cuando contrataron.
Un Juzgado no parte necesariamente de la versión del cliente
Éste es otro aspecto importante del asesoramiento.
El cliente llega al despacho contando unos hechos que para él son ciertos y conocidos.
El abogado debe escucharlos, pero también tiene que anticipar qué ocurrirá cuando la otra parte ofrezca una versión diferente.
C puede afirmar:
«Yo compré el vehículo, lo pagué y A sabe perfectamente que lo compré».
Pero A puede responder:
«Yo nunca vendí el vehículo a B. Únicamente se lo dejé y jamás autoricé su venta».
A partir de ese momento ya no tenemos únicamente la historia de C.
Tenemos una controversia que deberá resolverse mediante prueba.
La grabación podrá ser importante. Los mensajes podrán ser importantes. La posesión del vehículo y la conducta posterior de los intervinientes podrán ser importantes.
Pero habrá que valorar todo ello frente a las explicaciones que ofrezcan las demás partes.
La informalidad no impide reclamar, pero tiene un coste probatorio
En la práctica forense existe una diferencia considerable entre presentar ante un Juzgado una operación respaldada por un contrato, pagos identificables y documentación administrativa coherente, y pedir que reconstruya una cadena de transmisiones mediante declaraciones, mensajes, indicios y conversaciones grabadas.
Eso no significa que la segunda pretensión tenga que perderse.
Significa que existe una incertidumbre mayor.
Y esa incertidumbre debe explicarse al cliente antes de iniciar el procedimiento, no después de recibir una sentencia desfavorable.
El Juzgado tampoco es una gestoría retrospectiva
Existe en ocasiones una expectativa equivocada: pensar que aquello que no se formalizó correctamente entre particulares podrá solucionarse posteriormente mediante una sentencia con la misma facilidad con la que habría podido solucionarse antes mediante un contrato y una gestoría.
No necesariamente.
Una compraventa ordinaria de un vehículo puede documentarse de manera relativamente sencilla.
Cuando las partes prescinden de esa documentación y posteriormente discrepan sobre lo sucedido, el problema deja de ser administrativo y se convierte en probatorio.
Entonces intervienen abogados, pueden intervenir procuradores, se presentan escritos, se proponen pruebas, se celebran interrogatorios y finalmente un tercero que no presenció ninguna de las operaciones debe decidir qué considera acreditado.
Todo ello para intentar reconstruir algo que, en su momento, podía haberse documentado en unas pocas páginas.
«Pero yo tengo razón»
Ésta es probablemente una de las frases que con mayor frecuencia escucha un abogado cuando explica el riesgo de un procedimiento.
Y puede ser completamente cierta.
El cliente puede estar contando exactamente lo que ocurrió.
Pero el asesoramiento profesional exige añadir una segunda pregunta:
«¿Podemos demostrarlo?»
Y todavía existe una tercera:
«¿Qué sucederá si el Juzgado considera más convincente la versión contraria?»
Por eso nuestra advertencia no pretendía realizar ningún reproche al comprador.
Pretendía explicarle el riesgo que ya existía.
Quien compra un vehículo en estas condiciones puede tener finalmente razón.
Pero debe asumir que reclamar puede resultar mucho más difícil de lo que habría sido formalizar correctamente la operación desde el principio.
Y hasta ahora únicamente habíamos hablado de la controversia civil.
El problema podía complicarse todavía más si alguno de los intervinientes decidía trasladarlo al ámbito penal.
10. Cuando el problema puede adquirir dimensión penal
Hasta este momento hemos planteado fundamentalmente un problema civil y probatorio.
Pero una situación de estas características puede adquirir también una dimensión penal.
Conviene hacer desde el principio una precisión importante:
una compraventa mal documentada, un cambio de titularidad pendiente o un incumplimiento contractual no constituyen, por sí solos, un delito.
El Derecho penal exige analizar hechos concretos y comprobar si concurren todos los elementos del correspondiente tipo delictivo.
En nuestro caso, sin embargo, existían varios escenarios que no podían ignorarse.
¿Qué ocurriría si A denunciara que C está utilizando su vehículo sin autorización?
A continuaba figurando como titular administrativo del automóvil.
C tenía el vehículo y lo utilizaba.
Mientras todos aceptaran la existencia de las sucesivas transmisiones, la discordancia podía permanecer como un problema esencialmente civil y administrativo.
Pero las relaciones entre A y B ya se habían deteriorado.
¿Qué sucedería si A acudiera a la Policía y afirmara que el vehículo que continúa a su nombre está siendo utilizado por un tercero sin su consentimiento?
El artículo 244 del Código Penal contempla determinados supuestos de sustracción o utilización sin la debida autorización de un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, cuando no existe ánimo de apropiárselo.
Eso no significa que C estuviera cometiendo ese delito.
Precisamente habría que determinar cómo llegó legítimamente —o no— el vehículo hasta sus manos.
Si A había transmitido el automóvil a B y B posteriormente lo había vendido a C, la mera permanencia de A como titular ante Tráfico no permitiría convertir automáticamente la utilización de C en una utilización delictiva.
Pero si A sostenía que jamás vendió el vehículo a B y que únicamente se lo había prestado o cedido temporalmente, la investigación partiría de un escenario diferente.
Una denuncia no determina quién tiene razón
La presentación de una denuncia por A tampoco convertiría su versión en verdadera.
C podría explicar que adquirió el vehículo de B, que pagó un precio y que recibió voluntariamente el automóvil y las llaves.
Podría aportar mensajes y grabaciones.
Y aquella conversación en la que, según C, A reconocería que el vehículo había sido comprado y pagado podría adquirir una importancia considerable.
Pero el problema práctico ya habría cambiado.
C tendría que explicar ante la Policía y, eventualmente, ante un Juzgado por qué tiene en su poder un vehículo que continúa administrativamente a nombre de A.
Puede disponer de una explicación jurídicamente suficiente.
Pero tendrá que acreditarla.
También hay que analizar la conducta de B
Existe además otro escenario completamente diferente.
¿Qué ocurriría si A tuviera razón cuando afirma que B nunca estuvo facultado para vender el vehículo?
En ese caso habría que analizar qué título permitió a B recibirlo y qué hizo posteriormente con él.
Y, desde la perspectiva de C, habría que preguntarse qué manifestó B cuando recibió algo más de 2.000 euros.
Si B sabía que carecía de facultades para disponer del automóvil y, pese a ello, se presentó ante C como persona legitimada para venderlo con la finalidad de obtener el precio, podrían entrar en consideración determinadas figuras de naturaleza patrimonial.
El Código Penal contempla tanto la estafa como determinados supuestos específicos en los que una persona se atribuye falsamente facultades de disposición sobre bienes de las que carece.
La calificación concreta dependería siempre de los hechos que pudieran acreditarse.
Un incumplimiento civil no debe transformarse artificialmente en una estafa
También aquí resulta necesaria una advertencia.
No toda compraventa que termina mal es una estafa.
Puede ocurrir que B estuviera convencido de haber adquirido el vehículo de A y creyera legítimamente que podía transmitirlo a C.
Puede existir una controversia posterior sobre cantidades pendientes.
Puede haberse producido simplemente un incumplimiento contractual.
Para hablar de estafa no basta con que C haya pagado y posteriormente encuentre dificultades para regularizar el automóvil.
Es necesario analizar, entre otros elementos, si existió un engaño previo o concurrente suficientemente relevante para provocar el acto de disposición patrimonial.
La diferencia entre un negocio que posteriormente se incumple y un negocio utilizado desde el principio como instrumento de engaño puede resultar decisiva.
También una denuncia deliberadamente falsa puede tener consecuencias
La posición de A tampoco estaría exenta de límites.
Si hubiera transmitido voluntariamente el vehículo y conociera perfectamente las operaciones posteriores, no podría presumirse legítimo utilizar una denuncia penal como simple instrumento de presión para conseguir que B pagara una deuda privada.
Nuestro ordenamiento contempla consecuencias para quien imputa conscientemente a otra persona hechos delictivos que sabe falsos, aunque los requisitos de los delitos de acusación o denuncia falsa son específicos y su apreciación nunca es automática.
Por eso tampoco sería correcto responder a una eventual denuncia de A anunciando inmediatamente otra denuncia contra A.
Primero habría que determinar qué ocurrió y qué puede demostrarse.
El problema penal aparece precisamente porque la historia está mal documentada
Ésta era nuevamente la cuestión central.
Si existieran dos contratos claros, dos pagos perfectamente acreditados y una cadena coherente de transmisiones, sería mucho más sencillo explicar por qué C tiene el vehículo.
Pero cuando existen pagos en efectivo, documentación incompleta y versiones potencialmente contradictorias, una denuncia puede obligar a reconstruir en sede penal la misma historia que ya resultaba difícil reconstruir civilmente.
No estábamos diciendo al cliente que hubiera cometido un delito.
Tampoco que A fuera a denunciarlo.
Le estábamos explicando algo diferente:
mientras continuara utilizando un vehículo cuya situación permanecía sin resolver, existía el riesgo de que un conflicto privado mal documentado adquiriera una dimensión penal que hasta entonces no tenía.
Y para que eso sucediera ni siquiera era necesario llegar directamente a un Juzgado.
Podía bastar con que el vehículo apareciera en una comprobación policial.
11. La Policía, la inmovilización y una nueva variable
Hasta ese momento el conflicto se desarrollaba fundamentalmente entre tres particulares.
A continuaba figurando como titular. B había actuado como intermediario. C tenía el vehículo y lo utilizaba.
Pero cada vez que C circulaba con el automóvil existía la posibilidad de introducir una nueva variable:
una comprobación policial.
Que el vehículo esté a nombre de otra persona no determina por sí solo su inmovilización
Conviene precisar este punto.
La mera circunstancia de que quien conduce un vehículo no coincida con la persona que figura como titular ante la Dirección General de Tráfico no constituye, por sí sola, una causa de inmovilización.
Es perfectamente posible conducir legítimamente un vehículo perteneciente a otra persona.
El problema aparece cuando, durante la comprobación, afloran otras circunstancias.
El artículo 104 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial contempla diferentes supuestos en los que los agentes pueden proceder a la inmovilización de un vehículo.
Entre ellos se encuentra una circunstancia particularmente relevante para nuestro caso:
que el vehículo carezca de seguro obligatorio.
«El titular tenía un seguro» vuelve entonces a ser insuficiente
Ésta era precisamente una de las primeras cuestiones que habíamos planteado durante la consulta.
C no podía limitarse a confiar en que A hubiera contratado en algún momento una póliza.
Si una comprobación revelara que el vehículo carece actualmente del aseguramiento obligatorio, ya no estaríamos únicamente ante la discusión privada sobre quién debe realizar la transferencia.
La falta de seguro lleva aparejadas las consecuencias previstas en la legislación sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, incluida la prohibición de circulación y las medidas legalmente previstas de inmovilización, depósito o precinto, además de la correspondiente sanción.
En otras palabras: una cuestión que C podía considerar secundaria podía terminar impidiéndole continuar circulando con el vehículo.
Inmovilización y depósito no son exactamente lo mismo
También conviene distinguir ambos conceptos.
La inmovilización no significa necesariamente que el vehículo vaya a ser trasladado inmediatamente por una grúa a un depósito.
La legislación regula separadamente la inmovilización y la retirada y depósito del vehículo.
Sin embargo, en determinados supuestos un vehículo cuya inmovilización resulte procedente puede terminar siendo retirado y depositado, por ejemplo cuando no exista un lugar adecuado para practicar la medida sin obstaculizar la circulación o cuando persista la causa que la motivó.
Y entonces aparece un problema adicional.
¿Quién soluciona la situación si el vehículo termina inmovilizado o depositado?
C tiene las llaves y afirma haber comprado el vehículo.
Pero A continúa figurando como titular administrativo.
B fue quien recibió el dinero de C.
Y A y B mantienen además una controversia económica entre ellos.
Si a esta situación añadimos una actuación administrativa sobre el vehículo, la solución puede volverse todavía más compleja.
Habrá que eliminar la causa que determinó la medida, atender las responsabilidades y gastos que correspondan y acreditar lo necesario para recuperar la normal utilización del automóvil.
Un conflicto que inicialmente afectaba a tres particulares empieza así a incorporar autoridades administrativas, posibles gastos adicionales y nuevas cuestiones documentales.
¿Y si además existe una denuncia de A?
Existe todavía una hipótesis distinta.
Si A hubiera comunicado una sustracción o una utilización del vehículo contra su voluntad, una identificación o comprobación policial podría hacer aflorar esa incidencia.
Eso no demostraría que A tuviera razón.
Tampoco convertiría automáticamente a C en autor de un delito.
Pero C podría encontrarse teniendo que explicar inmediatamente por qué conduce un vehículo que figura a nombre de otra persona y sobre el que existe una controversia.
Su explicación sería la misma que nos había proporcionado en el despacho:
«Yo se lo compré a B. Lo pagué en efectivo. Me entregó el vehículo. Y tengo conversaciones en las que A reconoce determinadas circunstancias».
Puede ser una explicación cierta y finalmente suficiente.
Pero la situación ya sería considerablemente diferente de aquella con la que comenzó la consulta.
Cada vez que el vehículo circula se añade un riesgo innecesario
Ésta era la razón práctica por la que nuestra recomendación comenzaba a resultar cada vez más clara.
Mientras el vehículo no se utilizara, podía intentarse resolver la controversia entre los interesados, comprobar la documentación, verificar el seguro y buscar una forma de regularizar las transmisiones.
Circular mientras todo permanecía sin resolver podía introducir nuevas variables:
una sanción;
una inmovilización;
una eventual retirada y depósito;
una denuncia que apareciera durante una comprobación;
o una actuación policial que obligara a explicar inmediatamente una cadena de transmisiones deficientemente documentada.
Y todavía faltaba contemplar el escenario más grave.
Que se produjera un accidente.
12. Un accidente puede cambiar completamente el asunto
Éste era probablemente el riesgo más importante de todos.
Hasta ese momento estábamos hablando de un vehículo adquirido por algo más de 2.000 euros, de una deuda entre A y B ligeramente superior a 1.000 euros y de las dificultades para conseguir finalmente el cambio de titularidad.
Son cantidades relativamente reducidas.
Un accidente de tráfico puede alterar por completo esa escala económica.
El valor del vehículo deja de ser relevante
Un automóvil de escaso valor puede causar daños por cantidades extraordinariamente superiores a su precio.
Una colisión puede producir daños materiales en otros vehículos, mobiliario urbano o cualquier otro bien.
Pero la verdadera dimensión del riesgo aparece cuando existen daños personales.
Las lesiones sufridas por un tercero pueden generar indemnizaciones por perjuicio personal, secuelas, gastos, pérdida de ingresos y otros conceptos legalmente indemnizables.
En los supuestos más graves pueden existir lesiones permanentes o incluso un fallecimiento.
En ese momento resulta prácticamente irrelevante que el vehículo origen del conflicto hubiera costado 2.000, 5.000 o 20.000 euros.
La responsabilidad derivada del accidente no está limitada por el valor del automóvil.
Por eso necesitábamos saber si existía realmente seguro
Durante la consulta C nos había indicado que A tenía o había tenido asegurado el vehículo.
Como ya hemos explicado, esa afirmación no era suficiente para recomendar que continuara utilizándolo.
Había que comprobar la existencia efectiva del aseguramiento obligatorio y conocer la situación real de la póliza.
La circulación sin el seguro obligatorio lleva aparejadas importantes consecuencias administrativas.
Pero, desde la perspectiva del conductor, la sanción podía ser el menor de los problemas si mientras circulaba se producía un accidente con daños importantes.
El Consorcio protege al perjudicado, no convierte en inocua la falta de seguro
En determinados supuestos legalmente previstos, el Consorcio de Compensación de Seguros puede asumir la indemnización de los daños ocasionados por un vehículo no asegurado.
Eso responde a una finalidad evidente: proteger a quien ha sufrido el daño.
Pero sería un error interpretar esa intervención como si la ausencia de seguro dejara de tener consecuencias económicas para las personas responsables.
La legislación reconoce al Consorcio acciones de repetición en los supuestos legalmente establecidos, entre ellos frente al propietario y al responsable del accidente cuando se trate de un vehículo no asegurado.
Dicho de una forma sencilla:
que el perjudicado pueda ser indemnizado no significa necesariamente que el responsable quede liberado del coste.
Un accidente también puede introducir responsabilidad penal
La falta de seguro no convierte por sí sola un accidente en delito.
Tampoco todo accidente de tráfico genera responsabilidad penal.
Pero si se producen lesiones o un fallecimiento habrá que analizar cómo ocurrió el siniestro y si la conducta del conductor reúne los requisitos de alguno de los delitos imprudentes previstos en el Código Penal.
La situación puede pasar entonces de una controversia sobre una compraventa informal a un procedimiento en el que se analicen simultáneamente responsabilidad penal y responsabilidad civil derivada del accidente.
Y todo ello mientras puede seguir existiendo una discusión previa sobre quién era propietario del vehículo, quién debía asegurarlo y cómo llegó hasta la persona que finalmente lo conducía.
El riesgo ya no afecta solamente a A, B y C
Ésta es una diferencia fundamental respecto del resto del conflicto.
Mientras A, B y C discuten sobre el vehículo, buena parte del problema permanece dentro de sus respectivas relaciones patrimoniales.
Cuando C circula por una vía pública, aparecen terceros completamente ajenos a esa controversia.
Un peatón.
El ocupante de otro vehículo.
Un motorista.
Cualquier usuario de la vía.
Ninguno de ellos tiene por qué soportar las consecuencias de que tres particulares no hayan conseguido determinar quién compró el vehículo, quién debía realizar la transferencia o qué ocurrió con el seguro.
Precisamente por eso las exigencias relativas al aseguramiento y a la circulación no pueden tratarse como una simple cuestión privada entre comprador y vendedor.
Había que evitar que un problema pequeño se convirtiera en uno grande
Ésta fue una de las razones principales por las que no consideramos prudente que C continuara utilizando el vehículo mientras intentaba solucionar su situación.
La controversia patrimonial podía esperar unos días mientras se estudiaban los documentos y se intentaba alcanzar un acuerdo.
El riesgo derivado de la circulación se producía cada vez que el automóvil salía a la vía pública.
Y resultaba difícil justificar la asunción de ese riesgo para continuar utilizando un vehículo de poco más de 2.000 euros cuya situación todavía no estaba clara.
Llegados a este punto quedaba, sin embargo, la pregunta con la que inicialmente había acudido el cliente al despacho:
«Entonces, ¿podemos demandar?»
La respuesta era que podía estudiarse una acción civil.
Pero inmediatamente aparecía una pregunta bastante más importante:
«¿Debemos hacerlo?»
13. Podemos iniciar un procedimiento civil. ¿Debemos hacerlo?
Llegados a este punto, naturalmente podía estudiarse el ejercicio de una acción civil.
C afirmaba haber comprado y pagado el vehículo. Lo tenía en su poder. Disponía de conversaciones que, según nos indicaba, podían respaldar su versión y existía una grabación en la que A aparentemente reconocería determinadas circunstancias de la operación.
Había, por tanto, elementos que justificaban estudiar una reclamación.
Pero ésa es solamente la primera parte del análisis profesional.
Que pueda construirse jurídicamente una demanda no significa necesariamente que resulte aconsejable presentarla.
Primero habría que decidir exactamente qué pedimos y frente a quién
Antes de acudir al Juzgado habría que reconstruir suficientemente las dos transmisiones y determinar cuál era exactamente la posición jurídica de cada interviniente.
No bastaba con redactar una demanda diciendo que C había pagado el vehículo y quería ponerlo a su nombre.
Había que determinar qué relación existió entre A y B, si B estaba facultado para transmitir, qué efectos produjo posteriormente la operación entre B y C y qué concreta tutela debía solicitarse judicialmente.
También habría que decidir contra quién debía dirigirse la pretensión y prever las consecuencias procesales de esa decisión.
Todo ello exigía estudiar previamente contratos, si los hubiera, documentación administrativa, mensajes, grabaciones y cualquier otro elemento que permitiera reconstruir la cadena de transmisiones.
No parecía un procedimiento destinado a resolverse simplemente leyendo dos documentos
La prueba personal previsiblemente tendría importancia.
C tendría que explicar cómo se produjo su adquisición y el pago en efectivo.
B podía resultar esencial para reconstruir tanto su adquisición de A como la posterior venta a C.
Y A podía ofrecer una versión completamente diferente de lo sucedido.
Además, habría que valorar las conversaciones mantenidas entre los intervinientes y, en particular, la grabación de más de dieciocho minutos que el cliente consideraba especialmente relevante.
Era razonable prever, por tanto, un procedimiento en el que la valoración de la prueba y el eventual interrogatorio de las partes tendrían un peso considerable.
Y después hay que esperar una sentencia
También había que explicar al cliente una realidad elemental: los procedimientos judiciales necesitan tiempo.
Los plazos efectivos dependen del Juzgado, de la tramitación concreta del asunto, de la necesidad de celebrar vista y de numerosas circunstancias que no controla el abogado.
En Madrid, plantear como horizonte práctico que un procedimiento civil de estas características pueda necesitar muchos meses y aproximarse o superar el año hasta obtener una resolución no resulta una previsión extravagante.
No se trataba de prometer una fecha.
Precisamente de lo contrario: había que advertir que no existía una solución judicial inmediata para un problema que el cliente quería resolver ahora.
El procedimiento también cuesta dinero
La siguiente cuestión era inevitable.
Preparar una demanda de estas características exige trabajo profesional.
Hay que estudiar el asunto, ordenar la documentación, escuchar y analizar las grabaciones, definir la acción, redactar la demanda, preparar la prueba y atender posteriormente las incidencias procesales y, en su caso, la vista.
El abogado puede aplicar unos honorarios contenidos.
Pero no puede trabajar gratuitamente.
A ello deberá añadirse, cuando resulte legalmente preceptiva o se decida su intervención, la actuación del procurador y los restantes gastos que puedan derivarse del procedimiento.
En un litigio de elevada cuantía esos costes pueden representar una proporción relativamente pequeña del interés económico discutido.
En un conflicto alrededor de un vehículo de poco más de 2.000 euros, la relación cambia considerablemente.
Y existe una posibilidad que también debe presupuestarse: perder
Ésta es quizá la información más importante que debe recibir el cliente antes de iniciar cualquier procedimiento.
C podía estar contando exactamente la verdad.
La grabación podía ser favorable.
B podía confirmar su versión.
Y, pese a todo ello, el resultado no podía garantizarse.
A podía negar la primera compraventa.
Podía ofrecer otra explicación sobre la conversación grabada.
Podían aparecer documentos o circunstancias que todavía desconocíamos.
O el Juzgado podía simplemente considerar que determinados hechos esenciales no habían quedado suficientemente acreditados.
El abogado puede valorar jurídicamente un asunto y explicar las fortalezas y debilidades de la prueba.
No puede garantizar cómo valorará finalmente esa prueba un Juez.
Las costas forman parte del riesgo
También deben considerarse las reglas legales sobre imposición de costas y el resultado concreto que pudiera producirse en función de la acción ejercitada, la cuantía y la resolución que finalmente se dicte.
No toda desestimación produce necesariamente las mismas consecuencias económicas y no resulta correcto presentar las costas como un resultado automático.
Pero tampoco sería responsable ignorar su posible existencia al valorar si merece la pena iniciar el procedimiento.
El escenario desfavorable no consiste únicamente en pagar al propio abogado y perder el pleito.
Puede incorporar otras consecuencias económicas que deben formar parte de la decisión desde el principio.
Por eso la pregunta correcta había cambiado
Al comienzo de la consulta la pregunta era:
«¿Puedo conseguir que el vehículo se ponga a mi nombre?»
Después de analizar el asunto, la pregunta profesional era diferente:
«¿Qué coste y qué riesgo resulta razonable asumir para intentarlo?»
Y para responderla faltaba introducir un dato muy sencillo.
Los números.
14. Cuando las cifras hablan por sí solas
Durante la consulta formulamos entonces dos preguntas muy sencillas.
La primera:
«¿Cuánto dinero reclama A a B?»
La respuesta fue: algo más de 1.000 euros.
La segunda:
«¿Cuánto pagó usted a B por el vehículo?»
La respuesta: algo más de 2.000 euros.
A partir de ese momento, las cifras empezaban a explicar el problema casi mejor que el análisis jurídico.
El valor económico del asunto también forma parte del asesoramiento
Naturalmente, el hecho de que una reclamación sea de pequeña cuantía no significa que carezca de importancia para quien la sufre.
Tampoco significa que no pueda acudirse a los tribunales.
Pero el abogado debe valorar no solamente si existe una acción jurídicamente defendible, sino también la proporcionalidad entre el resultado perseguido y los recursos necesarios para intentar conseguirlo.
Aquí hablábamos de un vehículo adquirido por poco más de 2.000 euros.
Y el bloqueo de la situación parecía estar relacionado, según la información facilitada por C, con una controversia entre A y B por una cantidad ligeramente superior a 1.000 euros.
Frente a esas magnitudes había que situar el coste potencial de un procedimiento.
Incluso unos honorarios contenidos representan una parte significativa del conflicto
Un procedimiento como el que estábamos analizando no consistiría simplemente en presentar un formulario.
Había que reconstruir dos transmisiones, determinar la acción adecuada, estudiar la documentación, revisar mensajes, escuchar grabaciones, preparar la prueba y, previsiblemente, intervenir en una vista en la que las declaraciones de los distintos protagonistas podían resultar relevantes.
Todo ello supone trabajo profesional.
Incluso aplicando unos honorarios muy contenidos, el coste de abogado empieza a representar una proporción apreciable cuando el bien discutido vale poco más de 2.000 euros.
A ello pueden añadirse los restantes costes profesionales y procesales que correspondan.
Y el tiempo.
El cálculo no puede hacerse suponiendo que necesariamente vamos a ganar
Existe además un error frecuente al valorar económicamente un litigio.
Comparar únicamente:
«lo que reclamo» frente a «lo que me cobra mi abogado».
Ese cálculo presupone implícitamente que la sentencia será favorable.
Pero el riesgo procesal también tiene un valor económico.
Había que contemplar al menos dos escenarios.
En el favorable, C obtenía una resolución que permitía satisfacer su pretensión después de asumir el coste y el tiempo del procedimiento.
En el desfavorable, C habría pagado ya algo más de 2.000 euros por el vehículo, asumiría sus propios gastos profesionales, no obtendría el resultado perseguido y podría enfrentarse, según las circunstancias del procedimiento y de la resolución, a consecuencias adicionales en materia de costas.
Ésa era la verdadera dimensión económica de la decisión.
También se puede ganar un pleito y hacer una mala operación
Este aspecto suele recibir menos atención.
Una sentencia favorable no convierte necesariamente el litigio en una buena decisión económica.
Si para obtener el reconocimiento de un derecho sobre un bien de poco más de 2.000 euros ha sido necesario invertir una cantidad relevante en profesionales, esperar muchos meses y asumir durante todo ese tiempo la incertidumbre del resultado, puede existir una victoria jurídica y, al mismo tiempo, una solución económicamente poco eficiente.
Eso no significa que nunca deba litigarse por cantidades pequeñas.
Hay asuntos en los que existen razones personales, jurídicas o estratégicas que justifican perfectamente hacerlo.
Pero esas razones deben existir y el cliente debe conocer el coste de su decisión.
El conflicto original era incluso menor que el valor del vehículo
Había además una circunstancia especialmente llamativa.
Según C, A no se negaba a realizar la transferencia porque discutiera directamente con él el precio que había pagado.
La negativa estaría vinculada a una deuda que B mantenía con A por algo más de 1.000 euros.
Es decir, un conflicto económico relativamente reducido entre A y B estaba bloqueando la situación de un vehículo por el que C había pagado algo más de 2.000 euros.
Convertir inmediatamente esa situación en un procedimiento judicial podía añadir nuevos costes sin solucionar necesariamente el problema de forma rápida.
Antes de hacerlo parecía razonable intentar que los intervinientes comprendieran algo bastante elemental:
el coste de mantener el conflicto podía terminar siendo superior al importe que había originado el propio conflicto.
La proporcionalidad también es una decisión jurídica
El trabajo del abogado no consiste exclusivamente en identificar artículos, acciones y procedimientos.
También consiste en ayudar al cliente a decidir qué riesgo merece la pena asumir.
Podíamos estudiar una demanda.
Podíamos construir argumentos.
Podíamos analizar la grabación y preparar la prueba.
Pero después de todo ello seguía existiendo un vehículo de poco más de 2.000 euros, una controversia entre terceros de poco más de 1.000 euros y un procedimiento cuyo resultado no podía garantizarse.
Eso nos llevó finalmente a adoptar una decisión profesional.
No recomendamos iniciar inmediatamente el procedimiento y tampoco asumimos inicialmente el encargo contencioso.
15. Por qué no asumimos inicialmente el procedimiento
Después de analizar conjuntamente todos estos elementos, nuestra valoración fue que no resultaba aconsejable iniciar inmediatamente un procedimiento judicial.
Y, por esa misma razón, tampoco consideramos adecuado asumir en ese momento un encargo dirigido a presentar una demanda.
La decisión no significaba que C careciera necesariamente de derechos.
Tampoco que una eventual reclamación estuviera destinada al fracaso.
Significaba algo diferente:
con la información disponible, no considerábamos proporcionado recomendar al cliente que asumiera inmediatamente el coste y el riesgo de un procedimiento judicial.
Una acción posible no es necesariamente una acción recomendable
En ocasiones el análisis jurídico permite identificar una vía procesal y, sin embargo, la recomendación profesional sigue siendo no utilizarla todavía.
Aquí existían elementos potencialmente favorables.
C tenía el vehículo.
Afirmaba haber pagado el precio.
Existían mensajes.
Y, especialmente, una grabación en la que A aparentemente realizaría manifestaciones compatibles con el conocimiento de la compraventa y del pago efectuado por C.
Pero también existían importantes elementos de incertidumbre.
No conocíamos con suficiente claridad la relación jurídica originaria entre A y B.
Las transmisiones habían sido deficientemente documentadas.
El pago se había realizado en efectivo.
La situación administrativa no había sido regularizada.
Y no sabíamos qué versión sostendrían finalmente A y B ante un Juzgado.
La valoración profesional debía considerar ambas partes de la ecuación.
El abogado no debería convertir automáticamente cada problema en un procedimiento
Existe una diferencia entre informar al cliente de que puede existir una acción y recomendarle que la ejercite.
La primera cuestión es jurídica.
La segunda exige además valorar prueba, coste, tiempo, riesgo y utilidad práctica del resultado.
En este caso, presentar inmediatamente una demanda podía generar un nuevo problema económico alrededor del problema que ya existía.
El cliente tendría que asumir honorarios profesionales, eventualmente otros costes procesales, esperar la tramitación del procedimiento y aceptar la posibilidad de una resolución desfavorable.
Todo ello respecto de un vehículo adquirido por algo más de 2.000 euros.
Otro profesional puede realizar una valoración diferente
Naturalmente, ésta no es la única valoración profesional posible.
Otro abogado, después de examinar directamente toda la documentación y escuchar las grabaciones, puede considerar suficientemente sólida la posición de C y recomendar el ejercicio inmediato de una acción.
Eso no convierte necesariamente una valoración en correcta y la otra en incorrecta.
La estrategia procesal incorpora inevitablemente una valoración del riesgo.
Nuestra valoración, con los datos disponibles durante la consulta, fue conservadora.
Antes de pedir a un Juzgado que reconstruyera dos transmisiones informales considerábamos razonable intentar que los propios intervinientes solucionaran una controversia cuyo origen económico era relativamente reducido.
Declinar un procedimiento también puede formar parte del asesoramiento
Un despacho no tiene obligación de convertir toda consulta viable en un nuevo expediente contencioso.
En ocasiones el mejor resultado de una consulta consiste precisamente en identificar los riesgos antes de que el cliente asuma otros nuevos.
Nuestra función en este caso no era prometer que conseguiríamos poner el vehículo a su nombre.
Era explicarle qué habría que demostrar para intentarlo, cuánto podía costar, cuánto podía tardar y qué podía ocurrir si el resultado no era favorable.
Después de realizar ese análisis, nuestra conclusión fue que el procedimiento judicial debía quedar como una posibilidad posterior, no como la primera respuesta.
Primero había que intentar solucionar el problema
La controversia todavía podía intentar resolverse sin necesidad de iniciar inmediatamente un litigio.
Había que determinar con mayor precisión qué ocurrió entre A y B, comprobar la documentación existente, analizar las conversaciones relevantes y explorar si era posible alcanzar un acuerdo que permitiera regularizar finalmente las transmisiones.
Si ese intento fracasaba, siempre podría reevaluarse la situación y decidir entonces si resultaba proporcionado acudir a los tribunales.
Pero mientras se intentaba alcanzar una solución había algo que no considerábamos prudente hacer.
Continuar utilizando el vehículo como si nada estuviera ocurriendo.
Ésa fue finalmente nuestra recomendación al cliente.
16. Nuestra recomendación
Después de analizar la situación, nuestra recomendación fue sencilla:
trate de llegar a un acuerdo extrajudicial.
La posibilidad de acudir a los tribunales continúa existiendo y podrá valorarse si finalmente resulta imposible solucionar el conflicto. Pero, teniendo en cuenta el valor económico del vehículo, las dificultades probatorias de las sucesivas transmisiones, el coste previsible de un procedimiento y la incertidumbre sobre su resultado, consideramos que la vía judicial no debía ser la primera opción.
Un acuerdo entre los intervinientes podría permitir documentar adecuadamente las operaciones, atender las obligaciones tributarias que correspondan y completar finalmente la regularización del vehículo ante Tráfico, evitando que una controversia relativamente pequeña termine generando un litigio considerablemente más costoso.
Y nuestra segunda recomendación fue todavía más importante:
no utilice el vehículo hasta que se regularice su situación.
Mientras no exista certeza sobre la situación jurídica y administrativa del vehículo, su aseguramiento y la legitimidad de su utilización, continuar circulando significa añadir riesgos innecesarios a un problema que todavía puede intentar resolverse entre los interesados.
Una comprobación policial puede introducir nuevas consecuencias si concurre alguna de las causas legalmente previstas para la inmovilización. Y un accidente puede transformar una controversia de escasa cuantía en un problema patrimonial —e incluso, dependiendo de las circunstancias, penal— de una dimensión completamente diferente.
La controversia sobre quién vendió el vehículo, quién cobró el precio o quién debe colaborar en la transferencia puede intentar solucionarse mediante un acuerdo y, si fuera necesario, posteriormente ante los tribunales.
No existe ninguna razón para incrementar entretanto el riesgo continuando con su utilización.
Nuestra recomendación: trate de llegar a un acuerdo extrajudicial. Y no utilice el vehículo hasta que se regularice su situación.
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