EBAN Abogados presta asistencia y defensa penal desde su oficina de Madrid en procedimientos seguidos ante órganos judiciales de toda España.
Nuestra práctica penal en Madrid no se limita, por tanto, a asuntos surgidos dentro de la propia ciudad. Desde esta oficina dirigimos defensas en procedimientos tramitados en distintas provincias, intervenimos en causas complejas y asumimos también situaciones en las que el cliente llega al despacho cuando la sentencia ya es firme y el problema ha pasado del proceso penal al Derecho penitenciario.
Defendemos a personas investigadas o acusadas y ejercemos igualmente la acusación particular cuando representamos a víctimas y perjudicados.
La experiencia acumulada en ambas posiciones permite analizar cada procedimiento desde una perspectiva amplia: qué hechos se atribuyen al cliente, qué prueba existe realmente, qué puede obtenerse mediante nuevas diligencias y, sobre todo, qué actuaciones ayudan a mejorar su posición y cuáles pueden terminar perjudicándola.
Más información sobre nuestra práctica general en Derecho Penal.
Defensa penal desde Madrid en procedimientos de toda España
La existencia de una oficina en Madrid no significa que nuestra actividad penal quede limitada territorialmente a los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid.
Intervenimos en procedimientos penales tramitados en distintos lugares de España cuando la naturaleza del asunto, su complejidad o la situación personal del cliente justifican asumir la dirección letrada desde Madrid.
En muchos procedimientos una parte importante del trabajo se desarrolla mediante el estudio del expediente, análisis de documentación, preparación de declaraciones, escritos, recursos y coordinación con procuradores y profesionales que intervienen en el correspondiente partido judicial.
La estrategia penal debe adaptarse al órgano que conoce del procedimiento, al momento procesal y al estado real de la prueba.
No se defiende igual una investigación que acaba de comenzar que una causa que acumula varios años de instrucción. Tampoco requiere la misma actuación un procedimiento sencillo que una macrocausa con numerosos investigados, acusaciones, informes periciales y documentación económica.
Defender y acusar: dos perspectivas del procedimiento penal
En EBAN Abogados intervenimos tanto en defensa como mediante el ejercicio de la acusación particular.
Para quien está siendo investigado, el problema consiste normalmente en delimitar qué conducta se le atribuye, qué elementos permiten relacionarlo con ella y cuál puede ser la evolución razonable del procedimiento.
Para la víctima, en cambio, puede resultar necesario impulsar determinadas diligencias, aportar documentación, identificar elementos de prueba o reclamar la responsabilidad civil derivada del delito.
Trabajar desde ambas posiciones ayuda también a comprender cómo puede interpretar la otra parte cada decisión procesal.
Una defensa eficaz necesita anticipar qué puede hacer una acusación. Una acusación correctamente planteada necesita prever cuáles serán los puntos débiles que intentará explotar la defensa.
Macrocausas, Audiencia Nacional e imputaciones por arrastre
Algunos procedimientos penales presentan una complejidad muy diferente de la que puede encontrarse en una causa individual.
Hemos intervenido en procedimientos de carácter económico y en macrocausas tramitadas ante la Audiencia Nacional en las que aparecen numerosas personas investigadas, sociedades, operaciones económicas y líneas de investigación simultáneas.
En este contexto puede producirse lo que, de forma descriptiva, denominamos una imputación por arrastre.
Una investigación comienza alrededor de determinadas personas u operaciones principales y, conforme avanza, incorpora a otras personas cuya relación con el núcleo de la causa puede ser mucho más periférica.
El hecho de que una persona aparezca dentro de una investigación de gran dimensión no significa necesariamente que su intervención tenga la misma intensidad que la de quienes ocupan una posición central.
Precisamente por ello resulta especialmente importante identificar cuál es la posición individual del cliente dentro de la estructura general de la causa.
No toda defensa eficaz exige una defensa ruidosa
En procedimientos complejos no siempre consideramos conveniente responder a cada actuación mediante una nueva iniciativa procesal.
Una defensa excesivamente expansiva durante la instrucción puede provocar que hechos inicialmente secundarios reciban una atención que antes no tenían.
Un escrito puede generar respuestas de varias acusaciones. Una petición puede abrir líneas de investigación nuevas. Una argumentación desarrollada prematuramente puede permitir que una prueba todavía débil sea posteriormente completada.
Eso no significa permanecer pasivos.
Significa valorar qué actuación debe realizarse, en qué momento y para obtener qué resultado.
En determinados asuntos la estrategia consiste precisamente en evitar que una imputación inicialmente periférica adquiera innecesariamente mayor centralidad dentro de la causa.
En otros procedimientos será imprescindible solicitar diligencias, recurrir resoluciones o cuestionar activamente la construcción de la acusación.
La intensidad de la defensa debe responder a una estrategia, no a la necesidad de producir actividad procesal por sí misma.
Instrucción, fase intermedia y juicio oral
Cada fase del procedimiento penal plantea problemas diferentes.
Durante la instrucción resulta esencial determinar qué se está investigando realmente y qué elementos de prueba están siendo incorporados a la causa.
La fase intermedia obliga a analizar si existe base suficiente para la apertura de juicio oral, cuál es la construcción de las acusaciones y qué hechos concretos pretenden llevar a juicio.
Cuando el procedimiento llega finalmente al juicio oral, la preparación cambia nuevamente: interrogatorios, testigos, prueba pericial, documentación, contradicciones entre declaraciones y construcción de una versión de los hechos que resulte compatible con la prueba practicada.
Una defensa que ha intervenido durante toda la causa dispone normalmente de una visión histórica especialmente útil de cómo ha evolucionado la investigación.
Cambiar de abogado en una causa penal compleja
Una persona tiene derecho a elegir su defensa y puede plantearse un cambio de abogado durante el procedimiento.
Pero en una causa especialmente compleja no basta con aceptar formalmente la designación.
Antes de asumir una defensa avanzada valoramos el volumen del procedimiento, el número de actuaciones practicadas, el momento procesal y el tiempo real disponible antes de la siguiente actuación relevante.
Una causa puede contener miles de folios, grabaciones, declaraciones, informes policiales, periciales, documentación bancaria o conversaciones intervenidas.
Asumirla pocas semanas antes de una audiencia importante o del juicio puede hacer materialmente imposible conocerla con la profundidad necesaria.
Por ello, en determinadas ocasiones consideramos más responsable no aceptar una sustitución cuando el estado de la causa no permite garantizar una preparación adecuada.
La defensa penal no consiste únicamente en comparecer. Exige disponer de tiempo suficiente para comprender qué ha ocurrido durante todo el procedimiento.
Delitos contra la libertad sexual
Desde nuestra oficina de Madrid hemos intervenido en procedimientos relacionados con delitos contra la libertad sexual de considerable gravedad y con peticiones de pena elevadas.
En algunos casos los hechos no se producen entre desconocidos ni responden al esquema de una agresión ocurrida en un espacio público.
Pueden surgir dentro de relaciones sentimentales, familiares, sociales o de conocimiento previo entre las personas implicadas.
Esto puede convertir la reconstrucción de los hechos en una cuestión especialmente compleja.
La existencia de una relación anterior entre las partes no implica consentimiento para un acto sexual posterior. Del mismo modo, el procedimiento debe analizar individualmente el episodio concreto objeto de acusación y la prueba disponible sobre él.
Declaraciones, conversaciones anteriores y posteriores, mensajes, testigos, informes médicos, circunstancias inmediatamente posteriores y restantes elementos de prueba pueden adquirir una importancia decisiva.
Relaciones sexuales con menores y relevancia jurídica del consentimiento
Algunos procedimientos presentan además una dificultad añadida cuando intervienen menores de edad.
El Derecho penal español establece una protección especialmente intensa de los menores de dieciséis años y el consentimiento expresado por el menor no produce necesariamente los mismos efectos jurídicos que el consentimiento de una persona adulta.
Existen, además, reglas específicas que obligan a valorar las circunstancias concretas, incluida en determinados supuestos la proximidad entre las personas por edad y grado de desarrollo o madurez.
Esto genera situaciones en las que la percepción que las propias personas tuvieron de su relación no coincide necesariamente con su valoración jurídico-penal.
El problema puede ser especialmente relevante cuando una de las personas procede de otro país y desconoce las reglas españolas sobre edad, consentimiento y protección penal de los menores.
El desconocimiento de la regulación no resuelve automáticamente el problema penal, pero determinadas circunstancias relativas al conocimiento de la edad, la relación entre las partes y el contexto en el que se produjeron los hechos pueden requerir un análisis jurídico específico.
Intimidad, cámaras ocultas y grabaciones
También hemos intervenido en procedimientos relacionados con dispositivos instalados para captar imágenes en lugares donde existe una expectativa especialmente intensa de privacidad.
La existencia de una cámara o de un dispositivo de captación obliga a determinar técnicamente qué podía hacer realmente el aparato y qué hizo en el caso concreto.
No es lo mismo instalar un dispositivo que efectivamente graba y almacena imágenes que encontrar un aparato respecto del cual no puede acreditarse la existencia de una grabación.
También debe analizarse si existió transmisión de datos, almacenamiento local o remoto, acceso posterior a las imágenes y qué información puede obtenerse mediante el análisis forense del dispositivo.
En este tipo de procedimientos la prueba tecnológica puede resultar tan importante como las declaraciones de las personas implicadas.
Descubrimiento y revelación de secretos
Los delitos relacionados con la intimidad no se limitan a imágenes de contenido sexual.
Puede existir controversia penal sobre el acceso a conversaciones, dispositivos, cuentas, archivos o comunicaciones privadas.
En algunas ocasiones la información obtenida se utiliza posteriormente dentro de un conflicto laboral, sentimental o económico.
Esto obliga a analizar dos cuestiones diferentes: cómo se obtuvo la información y qué se hizo posteriormente con ella.
La existencia de una conversación auténtica no significa necesariamente que su acceso o utilización haya sido lícito.
Por ello es importante estudiar el origen de la información, quién tenía autorización para acceder a ella, el dispositivo utilizado y el destino posterior de los datos obtenidos.
Redes sociales, fotografías e imágenes difundidas sin consentimiento
Una parte creciente de los conflictos penales tiene su origen en comunicaciones electrónicas y redes sociales.
Fotografías, vídeos, conversaciones privadas y otro material inicialmente compartido dentro de un contexto determinado pueden terminar siendo difundidos posteriormente a terceras personas o publicados en Internet.
En estos asuntos resulta necesario determinar cómo se obtuvo el contenido, para qué utilización existía consentimiento, quién realizó la difusión y hasta dónde puede reconstruirse técnicamente su recorrido.
Una captura de pantalla puede ser relevante, pero no siempre permite conocer por sí sola el origen, autenticidad o contexto completo de una comunicación.
La prueba digital exige conservar y analizar el mayor número posible de elementos de trazabilidad.
Calumnias, injurias y conflictos de reputación
No todas las manifestaciones ofensivas producen responsabilidad penal.
En procedimientos por calumnias, injurias u otras conductas que afectan a la reputación resulta necesario analizar con precisión qué se dijo, en qué contexto, a quién se comunicó y cuál fue su difusión.
Las redes sociales han ampliado considerablemente la capacidad de una manifestación para alcanzar a terceros y permanecer accesible durante largos periodos.
Al mismo tiempo, la existencia de una expresión desagradable, ofensiva o injusta no determina automáticamente que exista un delito.
El análisis debe realizarse atendiendo al contenido concreto, al contexto y a los requisitos exigidos por cada figura penal.
Coacciones y realización arbitraria del propio derecho
Algunos conflictos comienzan siendo civiles y terminan adquiriendo dimensión penal por la forma elegida para intentar resolverlos.
Esto puede ocurrir en conflictos relacionados con viviendas, deudas, posesión de bienes o recuperación de determinados espacios.
Una persona puede considerar que tiene derecho a recuperar un inmueble o exigir una determinada conducta y, sin embargo, utilizar mecanismos que planteen problemas desde el punto de vista penal.
El análisis no puede limitarse, por tanto, a determinar quién tenía razón en el conflicto original.
También debe estudiarse cómo intentó cada parte ejercer ese supuesto derecho y si existieron intimidaciones, restricciones de libertad, cambios de cerraduras, retirada de bienes, presión personal u otras actuaciones jurídicamente relevantes.
Los problemas pueden resultar especialmente complejos cuando intervienen empresas privadas dedicadas a la recuperación o desocupación de inmuebles y sus actuaciones se sitúan en zonas próximas al límite entre la presión negociadora y la coacción penalmente relevante.
Acoso y conflictos que nacen en el ámbito laboral
Una relación laboral deteriorada puede generar procedimientos ante la jurisdicción social y, simultáneamente, hechos que una de las partes considere penalmente relevantes.
Determinados comportamientos reiterados, presiones, accesos a comunicaciones, amenazas o actuaciones posteriores a una extinción contractual pueden provocar esa doble dimensión.
En esos casos es especialmente importante coordinar las distintas estrategias.
Un acuerdo alcanzado en el ámbito laboral puede tener consecuencias sobre el conflicto penal. Del mismo modo, una declaración realizada en una causa penal puede condicionar posteriormente una reclamación laboral.
No toda situación de presión o conflicto en el trabajo constituye un delito. Pero el hecho de que exista una relación laboral tampoco excluye que determinados comportamientos puedan alcanzar relevancia penal.
Relaciones laborales, docentes o profesionales y situaciones de prevalimiento
Algunos procedimientos aparecen en relaciones que no son estrictamente sentimentales ni estrictamente laborales.
Puede existir una relación docente, profesional, empresarial o de dependencia económica en la que una de las personas dispone de una posición de autoridad o influencia sobre la otra.
En determinadas investigaciones resulta necesario analizar si esa posición tuvo alguna relevancia en la conducta que posteriormente se denuncia.
No basta con comprobar que existía una diferencia jerárquica.
Es necesario reconstruir cómo funcionaba realmente la relación, qué capacidad tenía cada persona para adoptar decisiones y de qué manera pudo utilizarse la posición existente.
Prostitución, intermediación y relaciones económicas complejas
También hemos conocido asuntos relacionados con actividades de prostitución y con estructuras empresariales o de intermediación que pueden presentar una apariencia inicial diferente.
En algunos casos existen agencias de acompañamiento, selección de personal, eventos o servicios cuya actividad real puede ser más amplia que la formalmente anunciada.
Cuando aparece una investigación penal es necesario determinar cuál era la actividad efectiva, qué relación existía entre las personas implicadas, cómo se organizaban los pagos y si existieron presiones, explotación o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
También pueden surgir cuestiones relacionadas con propietarios, arrendatarios o terceros que proporcionan locales o viviendas utilizados posteriormente para determinadas actividades.
La mera existencia de una relación económica no permite anticipar la responsabilidad penal. Debe analizarse qué conocía cada persona, qué participación tuvo realmente y qué beneficio obtenía de la actividad investigada.
Estafas y fraudes realizados a través de Internet
Los procedimientos por estafa constituyen una parte importante de nuestra práctica penal.
Internet permite además que una misma conducta se reproduzca frente a numerosas personas y en distintos lugares de España.
Un vendedor puede anunciar bienes en plataformas digitales, recibir pagos y no efectuar posteriormente los envíos. Cuando aparecen varios perjudicados, lo que inicialmente parecía un conflicto aislado puede convertirse en una investigación por múltiples operaciones.
En estos procedimientos resulta necesario analizar individualmente cada transacción y, al mismo tiempo, determinar si existe un patrón común entre todas ellas.
Las conversaciones con compradores, anuncios, cuentas bancarias receptoras, transferencias y actividad de las plataformas pueden resultar determinantes.
La mula bancaria y la utilización de cuentas de terceros
Otro problema frecuente aparece cuando una persona facilita su cuenta bancaria para recibir o transferir dinero de terceros.
La persona que proporciona la cuenta puede considerar inicialmente que está realizando un simple favor, colaborando con un conocido o participando en una operación aparentemente legítima.
El problema aparece cuando esa cuenta se utiliza para recibir dinero procedente de una estafa.
En muchos fraudes digitales la cuenta bancaria constituye uno de los pocos elementos identificables inmediatamente por los investigadores.
Por ello, el titular puede terminar incorporado a una causa penal aunque no haya participado en el engaño inicial.
La defensa exige determinar qué conocía realmente, qué explicación recibió para utilizar la cuenta, qué hizo posteriormente con el dinero y si obtuvo alguna remuneración o beneficio.
Estafas sentimentales y desplazamientos patrimoniales dentro de una relación
Las relaciones sentimentales pueden producir también importantes controversias económicas.
Una persona puede realizar transferencias, asumir gastos, entregar dinero, transmitir bienes o incluso colocar determinados activos a nombre de su pareja.
Cuando la relación termina, puede aparecer la afirmación de que existió desde el principio una estrategia dirigida a obtener el patrimonio de la otra persona.
Pero una relación sentimental que termina mal no convierte automáticamente en estafa todos los desplazamientos patrimoniales producidos durante ella.
Es necesario determinar cuál era la causa de cada entrega, qué explicaciones se dieron, si existieron engaños anteriores a la disposición patrimonial y qué puede acreditarse sobre la intención existente en aquel momento.
La frontera entre una liberalidad, un préstamo, una operación económica dentro de la pareja y una verdadera estafa exige normalmente reconstruir la relación y la documentación económica con considerable detalle.
Hurtos, robos y delitos patrimoniales
También intervenimos en procedimientos relacionados con hurtos, robos y otras formas de apoderamiento patrimonial.
La calificación depende de cómo se produjeron los hechos, del valor de los bienes, de la existencia o no de fuerza sobre las cosas, violencia o intimidación y de las restantes circunstancias concurrentes.
En algunos procedimientos la controversia no se encuentra únicamente en determinar si desapareció un determinado bien, sino en establecer quién tenía acceso a él, qué relación existía entre las personas implicadas y si puede atribuirse materialmente el apoderamiento al acusado.
Allanamiento de morada y entrada en espacios profesionales
Los conflictos relacionados con el acceso o permanencia en inmuebles pueden afectar tanto a domicilios particulares como a espacios utilizados por empresas o profesionales.
No todas las situaciones presentan la misma naturaleza jurídica.
Es necesario determinar qué tipo de espacio era, quién lo utilizaba, qué autorización existía inicialmente para acceder y qué ocurrió cuando esa autorización fue retirada.
La situación puede resultar especialmente compleja cuando existen relaciones previas entre las partes: antiguos socios, trabajadores, parejas, familiares o personas que durante un determinado periodo tuvieron acceso legítimo al inmueble.
La existencia de una controversia civil o laboral previa tampoco impide necesariamente que determinadas actuaciones posteriores puedan tener relevancia penal.
Delitos contra la salud pública
Intervenimos igualmente en procedimientos relacionados con sustancias estupefacientes.
La cantidad intervenida es relevante, pero rara vez constituye el único elemento que debe analizarse.
La naturaleza de la sustancia, su distribución en distintos envoltorios, la existencia de dinero, básculas, comunicaciones, movimientos de personas o restantes circunstancias pueden utilizarse para determinar si los hechos responden al consumo propio o a una posible distribución a terceros.
La defensa debe analizar los indicios conjuntamente y comprobar qué conclusiones pueden extraerse realmente de cada uno de ellos.
Delitos contra la seguridad vial
Los delitos contra la seguridad vial forman también parte de nuestra práctica penal.
Atendemos, entre otros, procedimientos relacionados con conducción sin permiso en los supuestos penalmente previstos.
En personas extranjeras puede ser especialmente importante determinar cuál era la situación jurídica exacta de un permiso expedido en otro país.
Que un permiso extranjero no habilite administrativamente para conducir en España no significa necesariamente, por sí solo, que se haya cometido un delito.
Debe comprobarse qué permiso existía, quién lo expidió, cuál era la situación administrativa del conductor y si los hechos encajan realmente en alguno de los supuestos contemplados por la legislación penal.
Cuando la sentencia ya es firme: Derecho penitenciario
Nuestra intervención penal no termina necesariamente cuando se dicta una sentencia firme.
También asumimos la asistencia de personas que llegan al despacho cuando ya se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad.
En ese momento el problema cambia completamente.
Ya no se discute normalmente la existencia del delito ni la responsabilidad declarada en sentencia.
El objetivo pasa a ser analizar cómo se está desarrollando el cumplimiento, cuál es la evolución penitenciaria del interno y qué posibilidades existen de acceder progresivamente a situaciones de mayor autonomía dentro del marco legal.
Clasificación penitenciaria y progresión de grado
La clasificación penitenciaria determina una parte esencial de las condiciones en las que se desarrolla el cumplimiento de la condena.
La evolución del interno, participación en actividades, conducta penitenciaria, reconocimiento de los hechos cuando resulte relevante, responsabilidad civil, entorno familiar, posibilidades laborales y restantes circunstancias pueden ser tomadas en consideración dentro del proceso de clasificación y revisión.
Nuestra intervención consiste en estudiar la situación individual y determinar si existen elementos suficientes para solicitar una revisión o recurrir una clasificación que consideramos inadecuada.
La finalidad no es presentar recursos automáticos.
Se trata de evitar que una evolución penitenciaria favorable quede sin reflejo en la situación jurídica del interno cuando existen fundamentos para solicitar una progresión.
Permisos penitenciarios
Los permisos constituyen otro elemento importante en la evolución penitenciaria.
Una denegación debe analizarse atendiendo a sus motivos concretos y a la situación individual del interno.
No todas las denegaciones justifican un recurso y no todos los recursos disponen de las mismas posibilidades.
Pero cuando existen elementos favorables que no han sido suficientemente considerados, puede resultar razonable solicitar su revisión.
También es importante que la estrategia tenga continuidad.
La evolución penitenciaria se construye a lo largo del tiempo y determinadas circunstancias que inicialmente impiden un permiso pueden cambiar posteriormente.
Junta de Tratamiento, Administración penitenciaria y control judicial
Una parte de las decisiones relevantes sobre la situación del interno se origina dentro de la propia Administración penitenciaria y de los órganos de tratamiento.
Cuando resulta necesario puede solicitarse que se produzca una resolución expresa y, posteriormente, utilizar los mecanismos de revisión y recurso previstos legalmente.
Las decisiones penitenciarias pueden llegar al control de la correspondiente Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia y, cuando legalmente proceda, a la Audiencia Provincial.
La actuación debe adaptarse al tipo de resolución, al órgano competente y a la vía de recurso disponible en cada caso.
Una litigación más activa en Derecho penitenciario
Nuestra forma de trabajar en Derecho penitenciario puede ser más activa que la que consideramos adecuada en determinadas instrucciones penales complejas.
La razón es diferente.
El interno ya está privado de libertad y el transcurso del tiempo forma parte directamente del problema.
Necesita saber qué se ha solicitado, qué resolución se ha producido, qué puede recurrirse y cuál puede ser el siguiente paso.
Esto no significa recurrir sistemáticamente cualquier decisión.
Significa mantener una trazabilidad clara de la evolución penitenciaria y utilizar los mecanismos legales disponibles cuando exista fundamento para hacerlo.
Una defensa puede ser prudente durante una macrocausa para evitar una exposición procesal innecesaria y, al mismo tiempo, ser especialmente activa cuando el cliente ya se encuentra cumpliendo condena y necesita que su evolución penitenciaria sea correctamente valorada.
Penal, penitenciario, extranjería, familia y laboral
Los procedimientos penales no siempre existen de forma aislada.
Una condena puede producir consecuencias en materia de extranjería. Un procedimiento por violencia puede afectar posteriormente a las relaciones familiares y al régimen de visitas. Un conflicto laboral puede generar simultáneamente una causa penal. Una controversia sobre una vivienda puede terminar trasladándose de la jurisdicción civil a la penal.
Por ello, cuando resulta necesario, coordinamos la defensa penal con las restantes áreas del despacho.
Esta perspectiva resulta especialmente importante cuando una decisión adoptada para resolver rápidamente el problema penal puede producir consecuencias posteriores que el cliente inicialmente no había considerado.
Elegir una estrategia antes de multiplicar actuaciones
La defensa penal no debería medirse por el número de escritos presentados, recursos formulados o incidentes promovidos.
En algunos procedimientos será necesaria una actividad intensa.
En otros, la mejor decisión puede consistir en esperar a conocer una determinada prueba, no llamar innecesariamente la atención sobre un aspecto secundario o reservar una argumentación para el momento procesal en el que pueda producir mayor efecto.
La pregunta no es únicamente qué puede hacerse.
La pregunta relevante es qué conviene hacer para mejorar la posición concreta del cliente.
Ese criterio cambia según el procedimiento, la prueba disponible y la fase procesal.
Abogados penalistas con oficina en Madrid
La oficina de Madrid funciona como uno de los puntos desde los que EBAN Abogados dirige su práctica penal y penitenciaria.
Desde ella atendemos procedimientos en Madrid y asumimos también defensas que se desarrollan ante órganos judiciales de otras provincias cuando la naturaleza del asunto permite organizar la dirección letrada desde Madrid.
Nuestra intervención puede comenzar desde las primeras diligencias de investigación, durante la instrucción, en la fase intermedia o en el juicio oral.
También puede comenzar después de la sentencia firme cuando el problema del cliente se encuentra ya en la ejecución de la pena y en su evolución penitenciaria.
Consúltenos su caso
Si está siendo investigado o acusado, ha sufrido un delito, necesita una segunda valoración de una causa penal o se encuentra cumpliendo condena y necesita estudiar su situación penitenciaria, puede ponerse en contacto con nuestro equipo.
En procedimientos avanzados o especialmente complejos valoraremos también si existe tiempo material suficiente para estudiar la causa y asumir responsablemente la defensa.
Antes de decidir una estrategia intentaremos responder a tres cuestiones básicas: qué problema existe realmente, qué puede acreditarse y qué actuación puede mejorar de forma efectiva la posición del cliente.
EBAN Abogados · Derecho Penal y Penitenciario desde Madrid
